Este lunes 30 de septiembre, abogados en materia laboral y seguridad social levantaron el plantón que instalaron hace tres meses en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Puebla.
Los litigantes informaron que la oficina volverá a abrir sus puertas el próximo 4 de noviembre para atender cerca de 10 mil expedientes pendientes. Sin embargo, ahora operará como Junta Auxiliar de la Junta Especial número 43 de Tlaxcala en Puebla.
Es importante mencionar que únicamente funcionará para reducir el rezago, los nuevos procesos ya se atenderán en Tlaxcala. De igual forma se llevarán al estado vecino casi 300 expedientes que no requieren de la presencia física de los litigantes.
Fue en julio pasado cuando el secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón informó que el gobierno propuso a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) una oficia auxiliar para suplir la Junta Federal Especial número 33.
Fue hasta el 19 de septiembre cuando anunció que la STPS accedió a permanecer en la entidad poblana para resolver los expedientes pendientes. Por ello, hoy los litigantes, acompañados por el líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), anunciaron la liberación de las oficinas ubicadas en la 31 Poniente.
Levantan plantón en la Junta de Conciliación en Puebla
En junio, decenas de abogados se inconformaron por el cierre de la junta y su traslado al estado de Tlaxcala y Oaxaca.
Inclusive, llevaron a cabo varios cierres de vialidades para exigir a la autoridad estatal y federal un diálogo, pues consideraron que el cierre de las oficinas en Puebla era un atropello que ponía en riesgo la impartición de justicia.
Inicialmente se contemplaba que los más de 10 mil expedientes de Puebla se enviaran a ambas entidades para el desahogo de pendientes, pero esta situación la rechazaron los litigantes. Argumentaron que no todos tenían la capacidad financiera para poder viajar.
La STPS y la Secretaría de Gobernación (Segob) mediaron el diálogo para llegar a una decisión que permitiera levantar el plantón.
Entonces, se planteó la posibilidad de mantener abierta la junta por lo menos un año, hasta que se desahogaran los procedimientos. Al final, se decidió mantenerla como oficina auxiliar de Tlaxcala para que los abogados puedan seguir con sus procesos.