De 2015 a 2020, hubo 2 mil 928 tomas de casetas en Puebla que generaron pérdidas económicas por 174 millones 780 mil 341 pesos, sobre todo en 2019, cuando hubo 2019 eventos con 82 millones 462 mil 869 pesos de perjuicios económicos.
Así lo señala el Instituto Belisario Domínguez del Senado, a través del estudio “Toma de casetas y elusión de peaje. Daño patrimonial para las finanzas públicas” publicado la semana pasada.
En el documento, se señala que, según la Gerencia de Puebla, en 2015, hubo 83 tomas de casetas en Puebla con pérdidas por 13 millones 73 mil 859 pesos, mientras que en 2016, 76 con 8 millones 371 mil 637 pesos.
En 2017, el número de tomas fue de 223 con perjuicios económicos por 35 millones 699 mil 998 pesos; en 2018, 247 con 35 millones 875 mil 538 pesos, en tanto que en 2020, 280 con 12 millones 370 mil 299 pesos.
27 mil 62 tomas de casetas en el país
Según el Instituto Belisario Domínguez, a nivel nacional hubo 27 mil 62 tomas de casetas reportadas por la Dirección de Operación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y en las gerencias de Puebla, Tijuana, Monterrey, Querétaro y Coatzacoalcos.
En 2020, las pérdidas económicas –que se reflejan tanto en la captación de recursos por el uso de estas vías, aunque también afectan los costos de mantenimiento por el tránsito vehicular—fueron de 2 mil 750 millones 935 mil 251 pesos.
En 2019, de 4 mil 866 millones 16 mil 9 pesos; en 2018, de mil 612 millones 865 mil 315 pesos; en 2017, de 963 millones 391 mil 477 pesos; en 2016, de 80 millones 594 mil 180 pesos y en 2015, por 610 millones 562 mil 618 de pesos.
Afirmó que, en 2020, detuvieron a 340 personas involucradas en la comisión de delitos relacionados con la toma de casetas en los estados de México, Morelos, Nayarit, Michoacán y Guerrero; del total, 253 fueron vinculados a proceso con prisión preventiva, 85 llevaron su proceso en libertad con medidas cautelares y dos menores de edad fueron liberados.
En conclusión, el instituto resaltó que el fenómeno de tomas de casetas así como la elusión de peajes han representado una merma económica tanto para el gobierno de la República como para las concesionarias de estas vías, lo que afecta las finanzas públicas, genera daños a la red de infraestructura y gastos catastróficos en caso de accidentes.
