A dos meses de que comenzó la administración estatal, solo el 30% de los funcionarios del Gobierno de Puebla ha cumplido con su declaración patrimonial.
Así lo reveló este día en conferencia de prensa el coordinador de Gabinete del gobernador Alejandro Armenta Mier, José Luis García Parra. El funcionario recordó que se trata de una obligación que marca la Ley de Acceso a la Información Pública. Todas y todos los funcionarios deben presentar, sin omisión, su declaración patrimonial como parte de un ejercicio de transparencia.
Los funcionarios que entraron en labores el 14 de diciembre cuentan con 60 días naturales para llevar a cabo este ejercicio ante la Secretaría de Administración.
Dicho plazo se cumple el 12 de febrero, fecha límite para que las y los integrantes del Gobierno de Puebla informen sobre sus bienes y posesiones.
A partir del 14 de diciembre cada uno tiene hasta 60 días para presentar su declaración; el plazo límite es el 12 de febrero”.
¿Cuántos funcionarios del Gobierno de Puebla han hecho su declaración patrimonial?
El coordinador explicó que son 850 las y los funcionarios y servidores públicos que ingresaron a la administración el pasado 14 de diciembre.
De este universo, solamente 215 han cumplido con lo que marca el reglamento de la Ley Orgánica para la Administración Pública.
El resto tiene que cumplir en los siguientes tres días o podría ser acreedor a una sanción administrativa por parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
El coordinador de Gabinete @JLG_PARRA informó que solo el 30% de los funcionarios del @Gob_Puebla han cumplido con su declaración patrimonial; el plazo límite para presentarla es este 12 de febrero.#AmbasManos | @_Ivan_Reyes https://t.co/Tn7JuW6qYD pic.twitter.com/euc2wvXoN4
— Ambas Manos (@Ambas_Manos) February 11, 2025
El gobernador Alejandro Armenta presentó su declaración patrimonial y la de su familia días antes de tomar protesta.
Como parte de un ejercicio de rendición de cuentas informó cuáles son los inmuebles que tiene registrados a su nombre.
Lo anterior para evitar que se utilice el poder público para aumentar el patrimonio de alguna persona como ocurrió en otras administraciones.