El estado de Puebla ya necesitaba una reforma al Poder Judicial; sin embargo, el presupuesto será un factor clave para que pueda caminar, consideró Rafael Moreno Rodríguez, director de posgrados en Derecho de la Universidad Ibero.
En entrevista con Ambas Manos, señaló que las modificaciones al sistema de justicia que propuso el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, son loables y modernas. Justamente lo que requería la entidad, al ser parte de las más importantes económicamente a nivel nacional.
Dentro de los factores claves para que pueda avanzar y que Puebla cuente con el mejor sistema de justicia, se encuentra el presupuesto, ya que se podría crear la mejor ley con nuevas normas, pero si no se le otorgan los recursos necesarios no se podrá ejecutar.
Explicó que al crear una nueva sala constitucional se requerirá un espacio para la operación de los magistrados, nuevo personal, equipo, papelería, impresiones y más, a fin de poder desarrollar las cuestiones operativas del día a día.
Si a esas normas no le damos el presupuesto adecuado, podemos tener la mejor ley del mundo, pero sin dinero simplemente no va a caminar, ¿qué queda? checar precisamente que se le dé el presupuesto adecuado para el 2023”.
Sobre el significado de la reforma, Moreno Rodríguez abundó en que al modificar el Poder Judicial se va a constituir el Tribunal de Justicia Administrativa.
Lo anterior, representa que todos los conflictos que tengan los ciudadanos pueden ser llevados a dicha área, por ejemplo, el tema de las fotomultas, alguna clausura, entre otros asuntos que pueden ser de mayor relevancia.
Destacó que algo novedoso es que se generará la acción de tutela, por lo que habría que esperar a las medidas reglamentarias.
Por otra parte, ahora estará prohibido que lo jueces se puedan ver con los abogados afuera de los recintos judiciales. El objetivo es que se eviten acuerdos externos.
A nivel y rango constitucional se subirán distintos principios en el Poder Judicial, principalmente basados en perspectiva de género.
Respecto a la atribución del Congreso para remover a los magistrados, el catedrático opinó que es favorable y servirá como un sistema de anticorrupción que se trabajará bajo leyes reglamentarias.
A ello, se suma que se implementará una acción ciudadana de destitución, donde los habitantes podrán decir que hubo una denegación grave de justicia o un incumplimiento doloso por violaciones graves de conflictos de interés por la cual, podrá pedir que el señalado sea destituido de su cargo.
Finalmente, agregó que los cuatro años estipulados para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, sin posibilidad de relección, representará alternancia, lo cual es democracia.
