La diputada panista Nancy Jiménez Morales propuso que el Instituto de la Discapacidad asesore a empresas para incorporar en su plantilla laboral a personas con discapacidad.
En el artículo 51, se mandata que las organizaciones, organismos, consejos, cámaras empresariales y las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal apoyen “la plena inclusión e integración de las personas con discapacidad al mercado laboral”.
Con la modificación planteada por la diputada Morales, el Instituto proporcionará “asistencia técnica a los sectores laborales en materia de derechos humanos e inclusión laboral de las personas con discapacidad”.
Cabe señalar que dicha ley, entre otras cosas, establece las normas para la incorporación para el trabajo de las personas con discapacidades.
Tal mandamiento dicta que las personas con discapacidad tienen derecho a un trabajo digno y remunerado, así como a la capacitación, en términos de igualdad de oportunidades y equidad.
Además, decreta que el Instituto de la Discapacidad procurará la incorporación de un 3 por ciento como mínimo de este grupo poblacional, así como vigile y garantice que haya las condiciones que la Ley Federal del Trabajo contempla.
La diputada planteó que las personas con discapacidad experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica y están en mayor riesgo de una protección social insuficiente.
También expuso que las personas con discapacidad son contratadas principalmente a través de agencias de trabajo temporal, para minimizar los riesgos de los empleadores.
Sin embargo, estimó que la discriminación empeora con la edad y también aumenta hacia las mujeres, quienes tienen más probabilidades de sufrir violencia física y abuso sexual.
Recordó que los principios generales que deben de tomarse en cuenta con relación al derecho al trabajo son el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y accesibilidad.
Asimismo, son el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, la no discriminación y la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
La iniciativa fue turnada a la comisión de Atención a Personas con Discapacidad y en caso de ser aprobada por el Pleno del Congreso, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE).
