Por orden de un juez federal, habrá investigación por la detención arbitraria de Francisco Castillo Montemayor durante el morenovallismo.
En rueda de prensa, el exsecretario de Medio Ambiente expuso que derivado de un amparo se tendrá que citar a los funcionarios públicos involucrados a una audiencia.
Recordó que fue encarcelado 14 meses acusado injustificadamente de peculado por denunciar anomalías en la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas.
Al salir de prisión, el exsecretario emitió una denuncia por delitos cometidos por funcionarios públicos en su agravio y presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Señaló a Víctor Antonio Carrancá Bourguet, exfiscal General del Estado y a Roberto Flores Toledano, expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla.
La denuncia fue emitida el 19 de marzo de 2020, señaló abuso de autoridad, delitos cometidos en la administración de justicia y tráfico de influencia.
Pero el pasado 25 de abril de 2022 la Fiscalía General del Estado (FGE) determinó que no hubo delitos por el encarcelamiento injustificado de Castillo.
Al respecto, Castillo Montemayor señaló que la FGE no investigó ni analizó los hechos denunciados y sostuvo que los funcionarios actuaron bajo “su criterio”.
Por ello, recurrió a la justicia federal mediante el amparo 869/2022-VIII-16. Donde se pide investigar por qué la FGE señaló que no hubo un delito contra el también activista.
De esta forma, Bet Nimra Pérez Hernández, jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución Región Judicial Centro en el estado de Puebla deberá:
Verificar si el órgano investigador entrevistó a cada una de las personas señaladas”.
Además, expuso Castillo Montemayor, el juez de control tendrá la obligación de hacer una investigación seria, imparcial y efectiva.
El juez responsable (el juez de control) deberá hacerse cargo de constar si la obligación de investigar y perseguirlos actos delictuosos denunciados fue asumida por el Estado como una obligación propia y no como un mero trámite” dicta en la resolución.
Además, deberá presentar las cuestiones técnicas que llevaron a las autoridades responsables a determinar que había un delito por el que el exfuncionario debía ir preso.
Castillo Montemayor señaló que al menos nueve exfuncionarios del morenovallismo intervinieron con anomalías para presentar la denuncia, consignarla y ordenar la aprehensión.
Acusó que lo mantuvieron en prisión y:
sostuvieron, organizada y delincuencialmente, la existencia del delito de peculado” en su contra.
Pese a que el exfuncionario presentó 167 pruebas documentales entre ellas una donde señalaba que como titular de Semarnat nunca tuvo en sus manos dinero público y por ende, no pudo darle fines ilícitos.
Otros servidores públicos que podrían estar involucrados son:
- Jorge Dustano Reyes Santos, exdirector de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla.
- Eugenio Mora Salgado, exencargado de Despacho de la Secretaría de la Contraloría del Estado.
- Francisco Eduardo Dueñas Zambrano, exjefe del Departamento de Control y Supervisión de la Delegación de la Contraloría en la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial y en la Secretaría de Desarrollo Social.
- Rodrigo Riestra Piña, exsecretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.
- Roberto Armando Meneses Bonifaz, exsubdirector Adscrito a la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos.
- Idalia Arciniega Arias exjuez Sexto de lo Penal
- Leonardo Jiménez Burgos, exsecretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de lo Penal.
