El gobierno de Puebla dio a conocer que presentó 35 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por maltrato animal este 2023.
La titular de la dependencia, Beatriz Manrique Guevara, ofreció una rueda de prensa para hablar de esta situación a fin de hacer conciencia en la ciudadanía.
El número de denuncias antes mencionado sólo refiere a las cifras que se han tenido durante este año.
En 2022, se presentaron 34, es decir que las que van en este año ya alcanzaron las del anterior. En total, suman 69 procedimientos.
Añadió que solo el 41% de denuncias se ratificó tras hacer una evaluación; en este caso 30 son directas en la FGE y cinco de oficio.
Dichas querellas le tocan posteriormente a la FGE que debe hacer labores de investigación y sanción.
La Secretaría de Medio Ambiente colabora con necropcias y valuaciones que puedan fortalecer acciones de seguimiento. Este año han hecho 16 diligencias
Este 2023, suman 566 reportes, de los que 229 han terminado en una denuncia; el resto es de casos en los que no existe información de dónde es para darle seguimiento.
Por estas razones, denuncian ante la FGE el maltrato animal en Puebla
Por su parte, la directora del Instituto de Bienestar Animal (IBA), Irma Gómez Castañeda, detalló los motivos por los cuales del puede comenzar un procedimiento jurídico.
Esto se referir a la tendencia irresponsable de algún dueño, debido a que la mascota no tenga las condiciones para vivir.
Asimismo, cuando se comete alguna acto que genera lesiones manera dolosa por algún responsable.
Una vez que se tiene la información se puede procede un aseguramiento precautorio y se le da atención a los animalistas lastimados.
Solo 12 municipios tienen centros para el bienestar animal
Solamente 12 municipios tienen centros para el Bienestar Animal: Puebla, Atlixco, San Andrés y San Pedro Cholula que están en activos.
También, hay en San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Acajete, Tepeaca, Tecamachalco, Cuetzalan y Zacatlán. Además está en construcción otro en Libres.
Beatriz Manríquez aclaró que si los ayuntamientos no hacen caso, podrían incurrir en un tema de responsabilidades administrativas.