El Gobierno de Puebla aclaró que no está obligado a pagar la indemnización millonaria que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la empresa marinista Melgarejo Construcción y Concesiones.
En conferencia, el consejero Jurídico, Jonathan Ávalos, comentó que la resolución del máximo tribunal del país fue a un recurso de revisión.
Sin embargo, explicó que esta determinación no obliga a la autoridad a pagarle a la empresa contratada en el marinismo para la construcción del Libramiento Oriente.
En su caso, falta que se defina la cantidad que se le debe pagar a la empresa marinista, por el tema del contrato que nunca cumplió para una obra.
No obstante, el Gobierno de Puebla recurrirá a la revisión de este tema, pues indicó que todavía se puede pelear la resolución judicial.
No hay determinación que nos obligue a pagar indemnización, en un determinado caso se esté viendo que la cantidad se vuelva liquida, pero no hay determinación que nos obligue a considerar un pago”, dijo.
El @Gob_Puebla aclaró que el dictamen de la @SCJN no obliga al pago de la indemnización a la empresa Melgarejo Concesiones y Construcción; la autoridad estatal todavía puede impugnar esta situación.#AmbasManos @_Ivan_Reyes https://t.co/bEMdA5kfjW pic.twitter.com/hSG0cDj3hy
— Ambas Manos (@Ambas_Manos) July 1, 2024
Gobierno buscará pelear indemnización a empresa del marinismo
El gobernador Sergio Salomón Céspedes comentó que este dictamen es una prueba de que la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador es necesaria.
Y es que consideró injusto que la SCJN le haya dado preferencia a una empresa particular por sobre el patrimonio público.
La Consejería Jurídica mencionó que existen otras instancias a las cuales puede acudir para revisar el pago a esa empresa.
De hecho, en días recientes se pidió a los magistrados del Poder Judicial que revisen el dictamen que emitió la SCJN sobre este tema.
La definición inicial es que el Gobierno de Puebla debía pagar al menos 600 millones de pesos como indemnización a la empresa contratada en 2009 para una obra.
En 2012, los trabajos no tenían mayor avance. Por ello se decidió quitarle la concesión de este libramiento, situación por la que solicitó una indemnización.
Entonces, el Gobierno del Estado promovió un juicio de amparo ante el Tribunal de Justicia Administrativa, mismo que falló a favor de la empresa.
