La BUAP firmó un convenio de colaboración con el Tribunal Superior Agrario, que permitirá desarrollo de programas de investigación, formación, capacitación, actualización de planes de estudio.
Al suscribir el convenio de colaboración entre la BUAP y el Tribunal Superior Agrario, mediante el cual se busca fortalecer la formación profesional de los estudiantes, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez reconoció en el sector agrario el más vulnerable del país, y origen de grandes movimientos sociales, como la Revolución Mexicana.
Queremos que nuestros estudiantes gocen del gran privilegio de escuchar a quienes en el día a día están dando la cara para sacar adelante procesos complicados, protegiendo al sector agrario y la propiedad ejidal, a la par de cuidar el medio ambiente para legar a las generaciones venideras un planeta mejor”, expresó.
Cedillo Ramírez consideró que esta vinculación permitirá a la universidad crecer en el ámbito académico y cumplir con su compromiso social, en este caso contribuir a la impartición de justicia a aquellos que más lo necesitan. “Es una función fundamental del estado de Derecho y parte del compromiso social de la institución. Por eso valoro tanto el interés de esta colaboración propuesta desde el año pasado”.
Maribel Concepción Méndez de Lara, magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, reconoció la generación de conocimiento desde la academia. Por lo cual indicó que esta sinergia ayudará a generar conocimiento, abrir nuevos caminos y proponer la creación de una especialidad en Derecho Agrario.
En los 54 tribunales agrarios, más tres sedes alternas en el país, trabajamos por una justicia que contribuya a erradicar la pobreza patrimonial, la injusticia y a garantizar los derechos humanos”, resaltó.
El Derecho Agrario es fundamental, expresó la magistrada.
Hay en el país más de 32 mil núcleos agrarios, donde viven 5.3 millones de personas, mayoritariamente en situación de vulnerabilidad, pero son propietarios de 99.7 millones de hectáreas, donde se concentra la mayor riqueza en recursos naturales y biodiversidad. La construcción de infraestructura, el desarrollo urbano y las industrias requiere propiedad ejidal y comunal, por lo que a diario se ponen en juego los derechos”.
Georgina Tenorio Martínez, directora de la Facultad de Derecho, comentó que esta colaboración dará pie al desarrollo de programas de investigación, formación, capacitación, actualización y armonización de planes de estudio, así como difusión de conocimiento en áreas de interés mutuo.
Es decir, se promoverá el estudio académico y metodológico del Derecho Agrario y de los derechos humanos, seguridad jurídica y transparencia. Además de acceso a la información, equidad de género, entre otros temas.
Se implementarán programas de investigación en materias de interés mutuo; seminarios, diplomados, cursos y talleres.
También habrán programas de posgrado interinstitucional; se propiciará la cultura jurídica agraria, derechos humanos y seguridad jurídica.
Se facilitará el intercambio de catedráticos en programas afines, de material bibliográfico y visual. Así como acciones conjuntas para el servicio social y prácticas profesionales o residencias en el tribunal en cuestión.
A este acto protocolario asistieron además Rosalba Velázquez Peñarrieta, directora del Centro de Justicia Agraria y Capacitación. Así como los magistrados del Tribunal Unitario Agrario, distrito 37 y 47, María Antonieta Villegas López y Delfino Ramos Morales, respectivamente.