“Es una villanía”, dijo el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, sobre el caso de María Elena, la mujer que desde hace un mes fue encarcelada en el penal San Miguel por su propio abogado.
El ejecutivo estatal pidió al Poder Judicial revisar la situación de María Elena y advirtió que no va a ser indiferente ante este tipo de injusticias.
La acusa de que la señora le había firmado un documento y que la señora, para no pagar, un día le arrebata el documento al abogado y se lo come (…) luego relata el abogado que le entregó dos pedazos (del pagaré). Va al penal y entra a amenazarla cuando solamente puede entrar el defensor y se hace pasar por él”.
Debido a esto, también solicitó al subsecretario de Centros Penitenciarios, Jorge Pérez Melchor, investigar quién permitió el ingreso del abogado sin presentar el nombramiento debido.
El abogado en cuestión es Ariel Ángel Acosta Muñoz, a quien en 2016 la señora María Elena contrató para llevar un juicio testamentario.
Por sus servicios cobró 200 mil pesos, pero ese mismo año la denunció penalmente por robo su modalidad de restricción de título de crédito.
María Elena tiene correos electrónicos y algunos recibos que comprueban que ella sí le pagó a Acosta Muñoz, mientras que este solo presentó como prueba a dos testigos que trabajan con él en su despacho y un documento con la copia de los pedazos del pagaré que supuestamente la acusada le entregó después de que se comió el resto.
Ya en dos ocasiones, un juez penal de Puebla y un juez federal rechazaron este documento como prueba y negaron la orden de aprehensión en contra de María Elena. Sin embargo, Ariel Ángel Acosta Muñoz consiguió que el caso llegara ante la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia y ahí le concedieron el mandamiento judicial.
Desde hace un mes María Elena se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de la ciudad de Puebla y su estado de salud es delicado, pues luego de que Acosta Muñoz entró para amenazarla se desmayó.
María Elena es viuda, hace un año murió su hija por covid-19 y ahora solo mantiene comunicación con su hijo y su abogado Manuel González, quien dio a conocer esta arbitrariedad y solicitó la intervención del gobierno.
