En comisiones, los diputados acordaron que el 4 de octubre el Congreso de Puebla dictaminará la reforma al Poder Judicial, por lo que se espera que esa misma semana pase al Pleno para su aprobación.
Así lo acordaron en sesión de las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales. La presidenta Mónica Silva se ausentó por una falta justificada.
En comisiones se aprobó la propuesta de metodología para el análisis de la iniciativa para la reforma al Poder Judicial enviada apenas la semana pasada por el gobernador, Miguel Barbosa.
Este viernes 30 de septiembre a las 18 horas será la fecha límite para que las comisiones reciban todos los comentarios, adecuaciones y adhesiones que propongan los diputados.
Posteriormente, el lunes 3 de octubre se reanudará la sesión a las 12 horas para hacer una Mesa de Trabajo que contaría con la presencia de la Consejera Jurídica.
Asimismo, el martes 4 de octubre se hará el análisis y dictaminarían la iniciativa propuesta por el gobernador.
Al respecto, la diputada del PAN, Mónica Rodríguez Della Vecchia pidió que el dictamen sea enviado al menos el lunes por la noche para que en la sesión del martes tenga conocimiento del mismo.
Pidió que, como en otras ocasiones, no se les envíe el dictamen 50 minutos antes o una hora antes de la sesión, pues explicó que es necesario que se estudie a fondo.
Cabe señalar que propuesta de reforma al Poder Judicial de Puebla, establece que los magistrados podrán ser destituidos por el Congreso local.
También instaura un procedimiento para remover a todos los que incurran en nepotismo y crea la Sala Constitucional.
Establece un cambio radical al actual funcionamiento del Poder Judicial para garantizar la impartición de justicia y terminar con los casos de tráfico de influencias.
Permite la remoción de magistrados por parte del Congreso de Puebla si incurren en: denegación de la justicia, por incumplir de forma dolosa a los supuestos de impedimento judicial o violar las reglas de conflicto de interés.
Incluso, la solicitud para remover un magistrado podrá ser presentada por cualquier ciudadano.
Además de permitir la destitución de magistrados por parte del Congreso de Puebla, la reforma establece la creación de la Sala Constitucional que se encargará de resolver las acciones de inconstitucionalidad en el estado.
La reforma señala, en sus artículos transitorios, un plazo de 120 días para que el Consejo de la Judicatura inicie los procesos de remoción de todos los servidores públicos del Poder Judicial con familiares y amigos trabajando dentro de éste.
También acota el periodo del cargo de magistrados a 15 años. Aunque esto no aplica para los que ya están en funciones, pues ninguna ley es retroactiva.
Además, obligará a los magistrados y a todos los integrantes del Poder Judicial a firmar una declaración de conflicto de intereses.