De 2021 a 2023, Puebla avanzó en la implementación de programas sociales, indicó el Coneval que dio al estado una calificación de 95.4 puntos de 100.
Así lo demuestra el Diagnóstico del Avance en Monitoreo y Evaluación de las Entidades del Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Este avance se dio entre los gobiernos de Miguel Barbosa Huerta, quien murió el 13 de diciembre de 2022, y Sergio Salomón Céspedes, quien lo sustituyó dos días después.
Los principales programas sociales de la Secretaría de Bienestar de Puebla son el de Vivienda y el Programa Integral Alimentario. Otros, como el que se entrega a personas con discapacidad, están a cargo del gobierno federal, pero se da a través de la administración estatal.
En comparación con 2021 —es decir en tres años— Puebla avanzó 2.8 puntos. Con la puntuación de 95.4 en 2023, el estado estuvo por arriba de la media nacional de 92.3 y se colocó en el lugar 14 de los 32 estados del país.
Por el valor total del Índice, Puebla se clasifica con un avance alto en la generación de elementos de monitoreo y evaluación.
De los componentes que integran el diagnóstico, el Coneval dio a Puebla un 100% de efectividad en seis temas.
Primero, por tener su Ley de Desarrollo Social, por sus reglas de operación, así como tener elementos de monitoreo y evaluación.
También, por sus criterios para la creación de programas nuevos, en los indicadores de resultados y de gestión y, por la transparencia en su presupuesto.
En el padrón de beneficiarios y difusión de información de programas de desarrollo social, Puebla obtuvo 88%. Finalmente, en área responsable de realizar o coordinar la evaluación, el estado logró un 81%, su peor calificación.
Áreas de oportunidad en los programas sociales de Puebla
El Coneval identificó las siguientes áreas de oportunidad para los programas sociales de Puebla:
- La normativa estatal no indica que el área responsable de realizar/coordinar la evaluación sea ajeno a la operación de la política. Tampoco, que tenga personalidad jurídica, autonomía técnica y de gestión.
- La normativa no establece que los indicadores de resultados y gestión deban contar con línea base.
- Se identificó que el padrón de beneficiarios no cuenta con el domicilio geográfico ni una clave de identificación única para cada beneficiario que no cambie en el tiempo.
- En las páginas web oficiales de la entidad no se difunde la estructura organizacional del área responsable de realizar la evaluación.
