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Detecta ASF posible daño patrimonial por mil 167 mdp en el gobierno de Puebla

Detecta ASF posible daño patrimonial por mil 167 mdp en el Gobierno de Puebla

Vista de los informes de la ASF entregados en la Cámara de Diputados.

El informe 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño patrimonial de mil 167 millones de pesos en el Gobierno de Puebla, esto durante la administración de Miguel Barbosa Huerta.

El órgano fiscalizador tomó una muestra de 27 mil 252 millones 648.7 mil pesos, recurso que representa un 88 por ciento del total de las participaciones.

En el ejercicio fiscal 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfirió un total de 30 mil 640 millones 103.1 mil pesos a la Secretaría de Finanzas.

Como resultado, se constataron 6 solitudes de aclaración, así como 7 promociones de responsabilidad administrativa y 8 pliegos de observación.

En total el pliego de observaciones detectó un monto por aclarar por un orden de 2 mil 478 millones 851 mil 450 pesos. Solo de posible daño patrimonial el monto asciende a mil 167 millones 344 mil 982 pesos. 

Cabe mencionar que, el monto de posible daño patrimonial, corresponde apenas al 3.8 por ciento del total de las participaciones federales del Gobierno de Puebla.

El total de dinero por aclarar de la cuenta pública 2021, es equivalente al 8 por ciento de las participaciones del Ejecutivo en aquel ejercicio fiscal.

¿Qué detectó la ASF en el Gobierno de Puebla?

Dentro del monto de posible daño patrimonial, la ASF constató los siguientes montos con observación:

Emiten solicitudes de aclaración

La ASF emitió 6 solicitudes de aclaración principalmente por informes de gastos que no correspondían a recibos generados:

ASF emite 7 promociones de responsabilidad

Finalmente se enlistan diferentes promociones de responsabilidad administrativa a funcionarios del Gobierno del Puebla.

Esto contra funcionarios que no documentaron de forma adecuada información en contratos de adquisiciones hechas por el Ejecutivo.

Lo anterior para trabajadores de diferentes dependencias y áreas del Gobierno que incurrieron en alguna irregularidad o no reportaron todos los documentos adecuadamente.

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