El regidor del Ayuntamiento de Puebla, Carlos Montiel Solana, mencionó que respetarán y acatará la decisión del Senado de la República sobre la desprivatización del agua potable en la capital.
En entrevista, mencionó que esto podría generar un problema en la administración municipal, por los gastos de operación que tendrían que absorber si se le quita la concesión a Agua de Puebla.
El cabildante apuntó que el Ayuntamiento acatará toda decisión que tomen sobre la aprobación de la Ley General de Aguas Nacionales, que contempla desprivatizar en todo el país este servicio.
Somos respetuosos, ese es el ámbito del gobierno del estado y del Congreso, ellos harán los análisis y nosotros estamos como Ayuntamiento con respecto a las decisiones que tomen las autoridades competentes”, declaró el regidor.
En las próximas semanas, el Senado de la República tomará en consideración esta propuesta legislativa, que, de ser aprobada, conllevaría quitarle la concesión del servicio a Agua de Puebla en 2024.
El título para la operación del servicio en la Zona Metropolitana se le entregó desde el 2013 por la administración de Rafael Moreno Valle, sin embargo la distribución en lugar de mejorar, ha empeorado.
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Desprivatización generaría problemas financieros en el Ayuntamiento
Solana Montiel comentó que si bien respetarán la decisión, absorber la operación este servicio generaría un problema financiero a las arcas municipales, por la cantidad de dinero que se quiere.
Añadió que con esta propuesta deberá analizarse una solución pasa que sea viable que el Ayuntamiento de Puebla se haga cargo del servicio cuando se concrete la desprivatización.
Desgraciadamente, operar el agua potable en la ciudad cuesta mucho dinero, tendríamos problemas financieros para hacer esa operación; junto con la medida, tendría que venir la solución para darle viabilidad y que en su caso el Ayuntamiento pudiera hacerse cargo”, explicó.
En meses anteriores, el alcalde Eduardo Rivera Pérez ha declarado que quitarle el título de concesión a Agua de Puebla, es estricta atribución del Congreso del estado, por lo que ellos acatarán cualquier decisión al respecto.
