El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) determinó que Claudia Rivera cometió uso indebido de recursos y actos anticipados de campaña cuando buscó reelegirse como alcaldesa.
Así lo determinó el pleno del tribunal en sesión pública de este jueves al resolver asunto especial 054/2022, cuyo proyecto de sentencia estuvo a cargo de la magistrada Idamis Pastor Betancourt.
Lo anterior, luego de que una ciudadana acusó a la expresidenta de la capital poblana por diversas irregularidades como actos anticipados de campaña durante una rueda de prensa el 8 de febrero de 2021.
También se declaró existencia del uso indebido de los recursos públicos para la promoción personalizada en una publicación del 15 de febrero de 2021, pues en un video aparece su cargo y logotipos del Ayuntamiento de Puebla.
No obstante, se determinó que fue cosa juzgada el uso indebido de recursos públicos para la promoción personalizada y actos anticipados de campaña por publicaciones en Facebook del 6 y 7 de febrero.
Lo anterior, porque la magistrada consideró que no hubo un llamamiento al voto expreso a favor de un partido político o una coalición.
En la sentencia se puntualizó que se analizaron dichas publicaciones en el proyecto TEEP/AE-017/2021.
Además, advirtieron que no se acreditó si la exalcaldesa estuvo detrás de dichas publicaciones en la página “Yo con Clau”, pues se desconoce al administrador de la página.
Sobre los actos anticipados de campaña en la rueda de prensa del 8 de febrero de 2021, se acreditó que en el evento realizó diversas manifestaciones de su postulación como candidata por Morena.
Con ello, habría tenido impacto en el pasado proceso electoral, pues lo declarado se difundió en dos periódicos digitales, lo cual se reconoció como una estrategia política de posicionamiento.
A consideración del TEEP, dicha estrategia generó un posicionamiento en su beneficio en las votaciones de 2021.
Finalmente, se dio vista de la sentencia al Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Puebla, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Auditoría Superior del Estado (ASE).
