El gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que la ASE ya no protege alcaldes como sucedió en la gestión de Francisco Romero Serrano, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y trabaja para detectar irregularidades en las administraciones municipales.
En su habitual conferencia matutina, el titular del Ejecutivo fue cuestionado acerca de las irregularidades que detectaron de la administración de Claudia Rivera por más de mil 800 millones de pesos.
El mandatario reconoció que no conoce el contenido de este informe de la cuenta pública 2020, por lo que evitó hacer un pronunciamiento al respecto, aunque llamó a que se expliquen todos los casos por aclarar.
En tanto enfatizó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla, acabo con ese tiempo de acuerdos con autoridades municipales para librar la presentación de irregularidades.
La Auditoría cumple con su función, se revisar el manejo financiero de los Ayuntamientos y así el de todos, habrá los reportes necesarios para que se sigan los procedimientos legales”, comentó.
Ante esto, recordó la práctica por la que fue acusado Francisco Romero, para que autoridades municipales le entregarán ciertas cantidades económica, a cambio de sacar sus cuentas públicas sin observaciones.
Barbosa Huerta consideró esto una “vulgar extorsión” y afirmó que bajo la administración de Amanda Gómez Nava todas esas prácticas se han eliminado.
La diferencia es que la anterior auditoría no lo hacía, acordaban cosas, ahí se empantanaron algunas, pensar que el auditor los iba a proteger, a cambio de una simple y vulgar extorsión, hoy la ASE hace su función”, enfatizó.
Este martes, Ambas Manos dio a conocer que la ASE detectó más de 200 irregularidades y solicitudes de aclaración por el uso de recursos del ejercicio fiscal 2020.
Esto deriva en el uso de mil 877 millones de pesos cuyo destino no ha quedado claro para las autoridades fiscalizadoras, en su mayoría por irregularidades en contratos de obra pública.
