La Secretaría de la Función Pública (SFP) de Puebla indicó que, antes de que acabe el 2023, concluirá la investigación por la polémica inversión con Accendo Banco.
En entrevista, el titular de la dependencia, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, dijo que han llamado a diferentes funcionarios para deslindar responsabilidades.
En el tema, se colabora con la Secretaría de Finanzas para la gestión ante el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).
Aún no se tiene a detalle el monto en el que se puede recuperar tras la inversión perdida de 600 millones de pesos en 2021.
En el momento que se concluyan las investigaciones, se comenzarán a girar los oficios de procedimientos administrativos contra funcionarios de la dependencia.
“Antes de que acabe el año se concluye la investigación (…) una vez que concluya la investigación se ven las conductas de los involucrados”, detalló.
Hasta el momento no se ha determinado llamar a María Teresa Castro Corro, extitular de la dependencia, aunque no descartó citarla.
Investigación de Accendo alcanzará a todos: Función Publica
Moreno Valle Abdala afirmó que las responsabilidades administrativas que lleguen a surgir podrían alcanzar a todos los funcionarios.
Se trata desde el titular de la dependencia hasta funcionarios menores, a causa de la polémica inversión.
En junio del 2021, el gobierno de Puebla invirtió 600 millones de pesos en Accendo Banco con el fin de recuperar mayor recurso.
Sin embargo, la banca quebró ese mismo año y se ordenó liquidar todas las cuentas pendientes que tenía, entre ellas la del Ejecutivo.
Tras comparecer, ante el Congreso del estado, la hoy exsecretaria presentó su renuncia; desde ese entonces no ha sido llamada a declarar por este tema.
Función Pública tiene 50 expedientes de responsabilidad administrativa
En otro tema, el titular de la Función Publica dijo qué hay 50 expedientes abiertos por posibles responsabilidades administrativas en dependencias estatales.
De esta cantidad, seis son del presente año, especialmente por faltas administrativas cometidas por parte de funcionarios estatales.
También, se cuentan con auditorías en las secretarías de Cultura y Salud tras el cambio de sus titulares, mismos que aún no concluyen.