El gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) acusó al diputado federal, Nacho Mier Velazco de intentar politizar el movimiento estudiantil de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, también conocida como la Normal de Teteles.
La dependencia encabezada por Melitón Lozano Pérez, detalló que el legislador intenta inmiscuirse por medio de algunas diputadas, a quienes les hizo un llamado a contribuir constructivamente en la solución del problema.
Señaló que la intención perversa de Mier Velazco resulta deleznable, en medio de un conflicto donde se están generando señalamientos que carecen de veracidad y fundamento.
Querer meter las manos de esta manera resulta deleznable”.
La SEP aseguró que el gobierno de Puebla respalda con hechos y convicciones el movimiento normalista, por ello, dijo que resulta falsa la declaración de que se buscan privatizar las escuelas normales.
Destacó que tan solo en los años 2020 y 2021, llevó a cabo una inversión superior a los 18 millones de pesos para los siguientes rubros:
La recuperación y rehabilitación de los edificios de la A a la P, pues las administraciones anteriores nunca realizaron ninguna obra.
Se pagaron adeudos de los años anteriores a la llegada de la administración actual, lo que representó un gasto de casi un millón de pesos.
Se dotó de kits escolares semestrales, acervo bibliográfico, artículos para los dormitorios y demás adquisiciones en el área asistencial.
Evidencia SEP irregularidades en el comité estudiantil de la Normal de Teteles
La SEP destacó que de manera contundente han recriminado el maltrato a las alumnas y las extorsiones de las que han sido objeto. Pues el comité estudiantil ha cometidos diversos hechos irregulares como:
La solicitud de dos mil pesos para productos de abarrotes y materiales, pese a que la secretaría los dota al 100%.
Les piden mil 500 pesos para uniformes, cuando estos se entregan sin costo.
Solicitan cuotas para entrega de cobertores y sabanas, otorgándolas de manera discrecional a quienes apoyan su movimiento estudiantil, mientras que el resto se han quedado desprotegidas.
Castigan y sancionan al grado de dejar sin comer a sus compañeras y exigen cuotas sancionando a quienes ellas consideran que no cumplen con su voluntad, estas van de los 500 a los 800 pesos semanales.
La secretaría destacó que han establecido esquemas que privilegien la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo los derechos inalienables a las personas y su seguridad humana.
