Sergio Salomón Céspedes, mandatario de Puebla, y 21 gobernadores más emitieron un comunicado donde solicitan la reactivación del Plan B de la reforma electoral.
En el documento recuerdan que el 24 de marzo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Javier Laynrz Potisek admitió la controversia constitucional del INE.
Por la cual se otorgó una suspensión al Plan B de la reforma electoral. Las y los mandatarios señalaron que se trata de una inconstitucionalidad.
Pues supuestamente en la Constitución Política de México dice que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral y “no hay lugar a suspender las normas generales”.
La arbitraria decisión del ministro Laynez Potisek debe ser revertida por el pleno de la SCJN, tal como lo ha solicitado el Ejecutivo en el recurso de reclamación presentado, a fin de restaurar el equilibrio y el respeto necesarios entre los poderes de la unión y evitar que se consume un atropello a la Constitución desde una de las investiduras encargadas de velar por su cumplimiento”.
También aseguraron que la determinación de Laynez Potisek violenta el equilibrio de poderes pues “un solo ministro suprime de un plumazo reformas de la representación popular”.
Descartaron que las reformas pondrían en riesgo las elecciones o el funcionamiento del INE, por el contrario comentaron que buscan garantizar una auténtica democracia y acabar con los excesos.
Los gobernadores morenistas señalaron que tienen la decisión de seguir pugnando por la renovación y “moralización” de las instituciones nacionales.
Por su parte el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, dijo que la suspensión del Plan B de la reforma electoral debe ser revertida por el pleno de la SCJN.
Gobernadores morenistas piden reactivación del Plan B, tras pronunciamiento de AMLO
Este lunes 3 de abril el presidente López Obrador solicitó a la SCJN revertir la admisión de la controversia constitucional que presentó el INE contra el Plan B.
Pues también generó la la suspensión a los efectos de las leyes, ya que, de acuerdo a la Consejería Jurídica de Presidencia, el INE no podía presentar controversias contra leyes electorales.
El llamado Plan B, de acuerdo con los consejeros del INE, atenta contra los derechos laborales de las personas integrantes del instituto.
Además, vulnera la autonomía del INE y pone en vilo la certeza de los procedimientos propios del proceso electoral.
El Plan B es un conjunto de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley General de Partidos Políticos.
