El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina propuso al actual consejero jurídico del gobierno estatal, Jonathan Ávalos Meléndez, para ser parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Durante la Comisión Permanente del Congreso, el presidente de la Mesa Directiva, Miguel Octaviano Huerta Rodríguez, leyó el oficio enviado por el mandatario.
La propuesta se turnó a la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) que preside el diputado de Morena, Edgar Garmendia de los Santos. También, se turnó a la dirección general de Asuntos Jurídicos, Estudios y Proyectos Legislativos para su opinión.
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— Ambas Manos (@Ambas_Manos) July 22, 2024
Proponen a Jonathan Ávalos para el TSJ y aprueban renuncia de Alfonso Siriako
En otro tema, el presidente del Consejo de la Judicatura, José Eduardo Hernández Sánchez comunicó la aprobación de la vacancia de la magistratura de Alfonso Siriako Guillén Almaguer al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
El pasado 11 de julio, el Congreso de Puebla recibió su renuncia “irrevocable”. En la sesión pública se informó sobre la recepción de este escrito; el documento se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El 30 de agosto de 2017, el Congreso local ratificó a Guillén Almaguer como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Con ello, estaría en el cargo del 30 de agosto de 2017 al 29 de agosto de 2032.
Sin embargo, el 14 de mayo de 2021, la Fiscalía General del Estado (FGE) aprehendió a Alfonso Siriako. Le imputaron delitos cometidos en la administración de justicia y “otros ramos del poder público” y quedó vinculado a proceso.
Dicho proceso penal en su contra fue resultado de su gestión en 2017, cuando fue director de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del exgobernador Tony Gali. Lo anterior, porque habría autorizado el pago de un laudo por 107.2 millones de pesos a tres constructoras.
Dicho pago sería por los trabajos del Centro Expositor, obra del sexenio de Mario Marín Torres.
Si bien, en agosto de 2022 ganó un amparo que ordenó su libertad, la FGE presentó una nueva acusación y continuó privado de la libertad.
Fue hasta abril de 2023 cuando un juez penal modificó la prisión preventiva justificada a cambio de entregar una garantía económica de 30 mil pesos y no salir del país.
