La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la controversia constitucional del Ayuntamiento de Puebla contra las reformas a la Ley General de Comunicación Social del Plan B de la Reforma Electoral.
De acuerdo con el Artículo 26 de dicha ley, establece que los municipios solo destinen el 0.1% de su presupuesto para el gasto de comunicación social.
Quien tramitó esta controversia fue la síndica del municipio de Puebla, Guadalupe Arrubarrena García.
La reforma a la Ley General de Comunicación Social fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a finales de 2022. Es por ello que interpusieron este recurso ante la SCJN.
Controversia a la Ley General de Comunicación llegó en febrero a la SCJN
Fue el 15 de febrero cuando la Suprema Corte recibió el oficio con folio 37/2023, interpuesto por el municipio capital del estado.
El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, señaló que hay órdenes del gobierno que deben respetarse, en el caso de los recursos de comunicación social.
La controversia de Puebla es en contra de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Así como en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Incluso, contra el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández y el director general adjunto del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López González.
Otros municipios que interpusieron controversias constitucionales son Baja California Sur, Tlaxcala, Aguascalientes, Guanajuato y el Estado de México.
Yucatán, Jalisco, Michoacán, Sonora, Nuevo León, Guerrero, Coahuila, Chihuahua y Querétaro también se inconformaron.
En el caso de la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de Puebla, será responsable de la resolución el ministro Alberto Pérez Dayán.
Pérez Dayán fue quien determinó que las reformas a dicha ley no sean aplicables en Coahuila y Estado de México (Edomex). Estos estados se encuentran en proceso electoral.
Cabe señalar que después de que la reforma fue publicada en el DOF, en enero también la coalición entre el PAN, PRI y PRD presentó una controversia ante la SCJN.
