Por unanimidad, el Pleno del Congreso de Puebla aprobó la Ley de Responsabilidad Patrimonial para que el gobierno pague indemnizaciones por alguna gestión irregular.
Fue una propuesta impulsada por la bancada de Morena el pasado 19 de mayo de 2022. Pero también el pasado 19 de junio el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina envió otra propuesta.
Con esta ley se fijan las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización para quienes sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos.
El ordenamiento define las características del daño resarcible y aquellas que permitan regular la cuantificación del daño.
La propuesta está dividida en seis capítulos, cuenta con 46 artículos. De acuerdo con el artículo 13:
La cuantificación de la indemnización se calculará de acuerdo con la fecha en que el daño patrimonial efectivamente se produjo o con la fecha en que haya cesado cuando sea de carácter continuo”.
Las dependencias podrán cubrir la indemnización mediante parcialidades en ejercicios fiscales subsecuentes.
El monto de la indemnización por daños y perjuicios materiales se calculará de acuerdo a la Ley de Expropiación estatal, la Ley General de Bienes estatal y el Código Civil.
En caso de algún daño físico, la indemnización dependerá de los dictámenes médicos, “conforme a lo dispuesto en relación a riesgos de trabajo en la Ley Federal del Trabajo”.
Las víctimas tendrán derecho a que se les cubran los gastos médicos que se hayan generado. En el caso de daño moral, se calculará la reparación del daño de acuerdo al Código Civil.
La indemnización por daño moral que el Estado esté obligado a cubrir no excederá el equivalente a 20 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Al 2023, dicha cantidad equivale a 2 millones 74 mil 800 pesos.
En el caso de muerte o incapacidad total permanente, el cálculo de la indemnización se hará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1988 del Código Civil”.
Tras 20 años de rezago, Puebla ya tendrá Ley de Responsabilidad Patrimonial
El Congreso aprobó esta ley porque ya suma diez amparos en su contra por la omisión legislativa.
Ya que esta ley debió ser expedida desde 2004, luego de que a nivel federal fue expedida. Sin embargo, el Congreso de Puebla no había legislado.