La diputada Aurora Sierra Rodríguez del PAN propuso una reforma para que el Poder Judicial de Puebla actúe con perspectiva de género.
Se trata de una reforma a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.
Con ella correspondería al Poder Judicial promover la capacitación y especialización sobre los derechos de las mujeres en su diversidad y la igualdad de género.
Con la reforma para que el Poder Judicial de Puebla actúe con perspectiva de género se capacitaría a las personas juzgadoras, fiscales, defensoras públicas, abogadas y agentes de policía.
Propone además que el Poder Judicial implemente y aplique los protocolos para juzgar con perspectiva de género sin que lo soliciten las partes. A fin de verificar si existe violencia de género.
Deberán tomar en cuenta los siguientes elementos:
- Identificar primeramente si existen situaciones desequilibradas de poder que por cuestiones de género entre las partes de la controversia.
- Cuestionar los hechos y valorar las pruebas sin estereotipos o prejuicios de género.
- Ordenar las pruebas las necesarias para visibilizar la situación de violencia vulnerabilidad o discriminación por razones de género.
- Cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta si se detecta la situación de desventaja por el género.
- Evitar el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios.
- Promover que la información sobre los recursos legales esté a disposición de las mujeres víctimas de la violencia, en lenguas indígenas y para mujeres con discapacidad.
- Implementar un sistema de tribunales móviles y asistencia jurídica gratuita para mujeres en zonas rurales.
- Emitir y otorgar las órdenes de protección y medidas cautelares.
La diputada explicó que Puebla ocupa el cuarto lugar en estados con mayor índice de impunidad, con un 63.90%.
La presente iniciativa busca hacer efectivo el derecho humano de las mujeres para el acceso a la justicia, instrumentando mecanismos jurisdiccionales que permitan contar con herramientas legales para garantizar tales derechos”.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución.
