La diputada Aurora Sierra Rodríguez presentó una iniciativa para que el personal de las cárceles de Puebla sea contratado solo en caso de aprobar un examen y bajo un diagnóstico psicológico.
Se trata de una iniciativa de reforma a los artículos 44° de la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales estatal y la fracción XII del artículo 17° de la Ley de Seguridad Pública de Puebla.
Con esta iniciativa se busca establecer una convocatoria pública para llevar a cabo el proceso de admisión del personal directivo, administrativo, técnico, de seguridad y custodia de los centros penitenciarios de Puebla.
El objetivo es garantizar el acceso a los perfiles mejor preparados en cárceles de Puebla. Además de eliminar el nepotismo y la selección de perfiles inadecuados para el desempeño de las funciones.
Con ello, en el artículo 44 de la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales estatal se plantea agregar que:
La contratación del personal será mediante un proceso que constará de la aprobación de diversos exámenes diseñados para comprobar su competencia en el trabajo que desean desempeñar”.
La diputada propone que los aspirantes a cualquier puesto aprueben exámenes de conocimiento de su área profesional y de la normativa penal y penitenciaria.
El mínimo aprobatorio sería del 90% de aciertos. También habría exámenes de aptitud y psicométricos que tendrán como fin determinar si son aptos para la labor que desean desempeñar.
Además, con la propuesta los aspirantes deberán asistir a una entrevista psicológica para evaluar su salud mental. Así como comprobar que no padece de algún problema que impida su buen rendimiento.
Fijaría parámetros de contratación de directivos
La convocatoria será pública, estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Los requisitos para ser Titular de un Centro Penitenciario o de Reinserción Social serían:
- Contar con licenciatura en alguna de las siguientes áreas: Psicología, Derecho, Criminología o Sociología.
- Contar con 10 años o más de experiencia en su rama laboral, preferentemente orientada hacia el sistema penitenciario.
- No estar inhabilitado del servicio público por violaciones a derechos humanos.
- No tener recomendaciones de derechos humanos en su contra.
- Haber aprobado los exámenes de conocimiento, de aptitudes y de confianza.
- Ser idóneo para el puesto según el resultado de su examen psicométrico y la entrevista realizada por expertos.
- Haber acreditado en la entrevista psicológica del proceso de admisión, no padecer problemas de salud mental que impidan el adecuado desempeño de sus funciones y/o que propicien actos que vayan en contra de la población penitenciaria.
La iniciativa fue turnada a la comisión de Seguridad Pública para su estudio, en caso de aprobarse en el Pleno, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE).
