La diputada Norma Sirley Reyes Cabrera de Morena propuso una reforma para castigar con cárcel la extorsión telefónica en Puebla.
En Sesión de la Comisión Permanente del Congreso, la diputada planteó una modificación al Artículo 292 Bis, en materia de extorsión.
La legisladora planteó reformar el Artículo para que cometa el delito de extorsión quien, vía telefónica, amenace a otra persona con el ánimo de conseguir un lucro.
También propuso que sea considerado extorsión a quien amenace con fines de lucro por medio de:
Cualquier medio de comunicación mediante los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión de voz, sonidos o información”.
Actualmente comete extorsión quien amenace con la intención de obtener un beneficio “con la finalidad de causar daños morales, físicos o patrimoniales, que afecten al amenazado o a persona física o jurídica”.
Con la reforma de la diputada, quien cometa este delito vía telefónica, u otra vía electrónica, obtendrá de dos a 10 años de prisión, pues así lo marca actualmente el Código Penal.
Además, debe pagar una multa de 100 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). Es decir de 9 mil 622 pesos hasta 96 mil 220 pesos de multa.
En caso de tratarse de un servidor público que ocupe su cargo para extorsionar, el Código Penal establece que la pena se incrementará dos tercios. Por ello, el delito de extorsión podría alcanzar hasta 16 años de cárcel.
Reyes Cabrera comentó que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública estimó que en 2021 hubo 4 millones 910 mil 206 extorsiones en hogares mexicanos.
De estas extorsiones, denunciaron 246 mil 138 casos y solo en el 52.4% se inició una carpeta de investigación.
Además, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 2021 en Puebla se registraron 118 víctimas por este delito.
En 2021 tres municipios concentraron el 50.6% del total de personas afectadas. Siendo la capital el primer lugar con 37%, seguida de Tehuacán y Huauchinango con 6.8% cada una.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución.
En caso de aprobarse por el Pleno, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE).
