La bancada del PAN en el Congreso de Puebla pidió a la auditora Superior del Estado (ASE), Amanda Gómez, deslindar el “hoyo financiero” supuestamente cometido durante la administración del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, y que significa un desfalco por mil 300 millones de pesos.
En rueda de prensa, los legisladores dijeron que pedirán la comparecencia de la titular de la ASE. Aunque este proceso no está dentro de la ley, pretenden obtener una explicación sobre lo que sucedió.
Hay que decir que la rueda de prensa estuvo encabezada por legisladores federales del PAN, quienes no tienen injerencia en lo local. Esto quiere decir que ellos no podrían solicitar la presencia de la auditora. Por ello dijeron que trabajan en conjunto con los diputados locales.
Estamos trabajando junto con los diputados locales y que los diputados locales van a solicitar la comparecencia de la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE)”, dijo Aranda.
Durante la administración del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, la Secretaría de Administración y Finanzas invirtió 600 millones de pesos en Accendo Banco.
Sin embargo, la transacción hecha por la titular de la secretaría, Teresa Castro Corrro, fue fallida, pues el banco quebró y el gobierno de Puebla perdió dichos millones.
Además, las arcas estatales perderán 722 millones de pesos por un adeudo al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Lo anterior, derivado de pagos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) entre 2019 y 2020.
Debió haber advertido porque yo creo que más que hablar de hoyos financieros, estamos hablando de un socavón”, dijo la diputada Ana Tere.
Añadió que además pedirán que se deslinden las responsabilidades administrativas necesarias para que las personas culpables paguen su culpa.
El pasado 8 de agosto, el diputado federal Mario Riestra Piña pidió una investigación por este desfalco. Lo hizo a través de un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El diputado del PAN solicitó la investigación a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
También, pidió la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
