La presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), Idamis Pastor Betancourt, negó que en la sentencia por violencia de género haya intereses políticos contra Claudia Rivera Vivanco.
Previo a la segunda Sesión Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, la magistrada pidió un alto a los ataques al tribunal.
Ello porque Damián Romero Suárez, abogado de Claudia Rivera, dijo en una entrevista para La Jornada de Oriente que la magistrada actuó como “garrote”. Argumentó que el TEEP sirve a Gabriel Biestro Medinilla, secretario del Trabajo estatal, y a Juan Pablo Cortés Córdova, exrepresentante de Morena en el IEE.
Para Romero Suárez, la sentencia por violencia política de género contra Rivera Vivanco quien violentó a Yasmín Flores busca frenar sus aspiraciones a la gubernatura.
Ya que el TEEP ordenó su inscripción al Registro de Personas Sancionadas por Violencia Política. Así, no podría competir en las próximas elecciones.
Al respecto, la magistrada dijo que la mayoría de las sentencias emitidas por el TEEP respecto de la exalcaldesa, han resultado inoperantes o improcedentes”.
Recordó que Rivera Vivanco solo ha tenido alrededor de cinco sanciones. Además, criticó que en varias ocasiones la hayan ligado a diferentes grupos políticos.
Añadió que las declaraciones contra el tribunal y contra ella denostan su trabajo. Además de que dan una “mala información” a la ciudadanía; “no hay ningún sesgo político”, aseguró.
TEEP resalta importancia del registro por violencia política en el que podrían inscribir a Claudia Rivera
En otro tema, en esta sesión del Observatorio de Participación Política a cargo del TEEP participó la consejera del Instituto Nacional Electoral Dania Ravel.
Ella celebró que en México haya más gobernadoras que en toda su historia. Sin embargo, destacó que aún continúan los casos por violencia contra las mujeres en la política.
Explicó cómo surgió el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Se trata de un padrón donde se detalla el nombre, tipo de violencia, periodo y otros datos sobre casos de violencia política de género.
Dijo que uno de los grandes retos es la difusión de este registro. Pues es un mecanismo por el cual las autoridades pueden saber quién violentó a una mujer.
Pero además, es una herramienta para que la ciudadanía emita un voto razonado sobre algún o alguna candidata a algún cargo de elección popular.
La consejera del INE aseguró que otro de los retos de este registro es ampliar a los sancionados. Pues hay estados donde no se registra formalmente ningún caso.
Como las entidades de Aguascalientes, Colima, Durango, Estado de México, Sinaloa y Zacatecas.
Pese a que en dichos estados se han dado incidentes de violencia. Destacó que el 80.6% de los inscritos son hombres, mientras que el 19.4% son mujeres.