Este jueves 27 de julio, el Congreso de Puebla tendrá una Sesión Extraordinaria en la que discutirán reformas a la Ley de Educación y de Pueblos Indígenas. Además, declararán constitucional la Ley 3 de 3 contra la violencia.
En el orden del día está la llamada Ley Alcántara, sin embargo, solicitarán que regrese a la Comisión de Gobernación para que otra vez sea analizada.
La Comisión Permanente del Congreso local aprobó celebrar la Extraordinaria en punto del mediodía.
Uno de los temas que se tratará es la declaratoria de constitucionalidad de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género.
Dicha reforma establece que ningún sentenciado por violencia política de género, violencia familiar o que sean deudores alimentarios pueda tener un cargo público en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tampoco podrán ser candidatos.
También emitirán la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 36 y 84 de la Constitución Política, en materia de edad mínima para tener un cargo público.
Con dicha reforma la edad mínima para ser diputado es de 18 años, mientras que para ocupar una secretaría será de 25 años.
La declaratoria se emitirá luego de que más de la mitad de los 217 ayuntamientos de Puebla avalaron ambas reformas a la Constitución. Debido a que se trata de modificaciones a la máxima ley del estado, es necesario que los municipios la aprueben, para que entre en vigor.
También someterán a discusión la reforma al artículo 9 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para crear la Unidad de Seguridad Vial.
Además, discutirán una reforma a la Ley de Educación del Estado, en materia de educación inclusiva y educación indígena.
Así como a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado.
Ambas leyes se discutirán luego de que el Congreso de Puebla llevó a cabo dos consultas ciudadanas. Lo anterior, por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Congreso de Puebla tendrá sesión extraordinaria, en vilo discusión de la Ley Alcántara
En la sesión extraordinaria además podría someterse a discusión la Ley Alcántara, que es una reforma al artículo 359 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales local.
Con esta ley se pretende que en un juicio electoral las pruebas que vengan de un juicio penal sean tomadas en cuenta como pruebas plenas hasta que haya una sentencia.
Quedará a consideración de los magistrados analizar las pruebas para que no se tomen inmediatamente como “prueba plena” de una acusación.
La reforma agrega el siguiente párrafo:
Cuando las documentales públicas obren dentro de una carpeta de investigación, harán prueba plena cuando a juicio del Tribunal competente generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados; al concatenarse con los demás elementos que consten en el expediente respectivo, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí”.
La reforma la impulsó el diputado Eduardo Alcántara Montiel, quien recibió sentencia por violencia política de género.
Versiones periodísticas aseguraron que es una ley “a modo” para el diputado, sin embargo, de aprobarse la reforma no tendrá retroactividad. Con ello, no beneficiará en ningún momento al diputado, pues ya lo juzgaron.
Debido al impacto mediático que generó la iniciativa, la diputada Mónica Silva, presidenta de la comisión que dictaminó la reforma, rechazó que se trate de una ley con dedicatoria.
No busca quitar de manera definitiva el valor pleno a las pruebas documentales públicas que abren en una carpeta de investigación, podrán seguir adquiriendo ese valor siempre que generen convicción de los hechos, siendo el tribunal competente quien realiza la valoración”.
Sin embargo, dijo que este jueves solicitará que la discusión de la reforma se quite del orden del día. A fin de que regrese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que se socialice.
El diputado proponente de esta reforma, el diputado Eduardo Alcántara se dijo dispuesto a entrar en debate sobre esta modificación.
La reforma le va a dar certeza jurídica (…) es una ley para que haya justicia, no haya juicios sumarios y haya certeza para todos y no solo en un tema de violencia política, en todos los temas”.
Sin dar nombres, aseguró que detrás del impacto mediático que generó la propuesta hay intereses políticos que podrían estar relacionados con su partido, el PAN.
