La nueva Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa de la Constitución estatal dicta el funcionamiento de la Sala Constitucional de Puebla creada por la reforma al Poder Judicial.
Este ordenamiento es parte de las leyes secundarias a dicha reforma, aprobada en 2022, para poner en marcha el sistema de control de constitucionalidad local.
A la Sala Constitucional le corresponderá la interpretación, defensa y garantía jurisdiccional de la Constitución local; será permanente
La Ley Reglamentaria regulará los procedimientos de los Medios de Defensa de la Constitución y de los Recursos de Legalidad Ordinaria.
Los medios de control constitucional que implementará la sala serán:
• Las acciones de inconstitucionalidad
• Las controversias competenciales
• La acción de tutela
• La acción por omisión legislativa
Para las acciones de inconstitucionalidad, los integrantes de la Sala tendrán la libertad de declararla cuando haya una violación a la Contitución local.
Las controversias competenciales serán un mecanismo de control de la división de poderes, en la cual se delimitará la injerencia del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En cuanto a la acción por omisión legislativa, será mecanismo de contrapeso del Congreso local, “para asegurar que sean emitidos los cuerpos normativos que la Constitución mandata expresamente”.
Con la Sala Constitucional de Puebla podrán revocar acuerdos del Consejo de la Judicatura
Además, con la reforma al Poder Judicial se incorporan los recursos de Revisión y de Revocación como Recursos de Legalidad Ordinaria.
El recurso de Revocación procederá contra de los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura, si así lo determina necesario la Sala Constitucional.
Mientras que el recurso de Revisión tiene por objeto impugnar los actos de adscripción y remoción de jueces y magistrados.
Esta iniciativa de ley se turnó a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución.
El Congreso espera aprobar esta ley el próximo jueves 2 de marzo en la Sesión Pública Ordinaria.
Posteriormente entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE).
El Consejo de la Judicatura deberá emitir los acuerdos necesarios para destinar los recursos humanos, materiales y financieros para la Sala Constitucional.
También será el Consejo de la Judicatura quien emita la declaratoria del inicio de funciones de la Sala.