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Diputados proponen reducir la edad para ser secretarios del gobierno de Puebla 

Diputados proponen reducir la edad para ser secretarios del gobierno de Puebla 

La diputada Nora Merino Escamilla en sesión del Congreso de Puebla.

La diputada Nora Merino Escamilla del Partido del Trabajo (PT) propuso reducir a 25 años la edad para poder ser secretarios del Gobierno de Puebla.

Se trata de una reforma al artículo 84 de la Constitución Política del estado, en el que actualmente dicta que para ser tutelar de alguna secretaría la edad mínima es 30 años.

Con la propuesta de reducir la edad para ser secretarios del gobierno de Puebla, se incluiría el siguiente párrafo en materia de despacho del Ejecutivo:

gozar de buena reputación, no haber sido condenado por violencia política de género, violencia familiar o deudor alimentario y tener veinticinco años cumplidos”.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución.

En caso de aprobarse por el Pleno del Congreso, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Iniciativa para que personas de 25 años ocupen la titularidad de las secretarías en Puebla refuerza la Ley 3 de 3

La reforma de la diputada Nora Merino Escamilla es similar a la Ley 3 de 3, que busca que violentadores accedan a un cargo en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El 15 de marzo la diputada Nora Merino propuso una reforma para que no lleguen al poder quienes tengan condenas por “violencia política de género, ser deudor alimentario o violencia familiar”.

Aplicaría como requisito para diputaciones, gubernatura, y magistraturas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado.

Mientras que los diputados Carlos Evangelista, Daniela Mier, Angélica Cervantes, Iván Herrera y Yolanda Gámez propusieron una modificación similar.

Se trata de una reforma a la Constitución para que no ocupen un cargo público quienes tengan sentencias por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y el normal desarrollo psicosexual.

Además, contra quienes hayan cometido violencia familiar o doméstica, a la intimidad sexual o política contra las mujeres en razón de género, así como deudores alimentarios.

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