Los diputados locales afines al diputado federal, Nacho Mier, se negaron a avalar la reforma a la Ley de la BUAP, aprobada por el Congreso este 8 de junio.
Los legisladores que votaron en abstención de la reforma son Daniela Mier Bañuelos, Carlos Evangelista Aniceto y Angélica Cervantes González.
El único voto en contra fue de la diputada Yolanda Gámez Mendoza. Las cuatro diputadas son afines al presidente de la Junta de Coodinació Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.
Esta reforma es trascendental para la ley de la institución, porque no había sufrido una modificación en los últimos 25 años.
Para llevar a cabo esta reforma fue necesario consultar a la comunidad estudiantil, la universidad informó que fueron encuestados más de 50 mil personas.
También tuvo el aval del Consejo Universitario, por lo que fue enviada al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, quien la presentó al Congreso.
La reforma tuvo varias mesas de trabajo entre el personal jurídico del Congreso, de la BUAP, diputadas y diputados. Incluso asistió la rectora Lilia Cedillo Ramírez a la sede del Legislativo.
El pasado 5 de junio fue aprobado el dictamen de la reforma durante la sesión de la Comisión de Educación, presidida por la diputada Xel Arianna Hernández.
Tras la aprobación, un grupo de estudiantes rechazó la ley, pues dijo que la comunidad estudiantil no fue informada correctamente.
Los estudiantes fueron respaldados por el diputado Iván Herrera Villagómez, también afín a Nacho Mier, sin embargo, el legislador votó a favor de la reforma.
¿De qué trata la Ley de la BUAP que no avalaron diputados afines a Mier?
La reforma a la Ley de la BUAP estipuló la autonomía de la institución, además busca favorecer las políticas internas en materia de equidad de género.
También sienta las bases para una política del cuidado del medio ambiente, así como la no discriminación y respeto a los derechos humanos.
Buscó la armonía de la ley universitaria con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Se eliminó el requisito de tener máximo 65 años para ser rector. Esto permitirá que la rectora pueda reelegirse si así lo desea, pues actualmente tiene 64 años.
Sin embargo, la rectora, Lilia Cedillo, rechazó que fuera una reforma “a modo”. Señaló que dicho cambio obedeció al combate a la discriminación por edad.
