El Pleno del Congreso declaró constitucional la nueva reforma al Poder Judicial de Puebla, aprobada el pasado 9 de mayo.
Tal modificación fue hecha a la Constitución Política del estado, por lo que requería la aprobación de más de la mitad de los 217 municipios de Puebla.
La declaratoria de constitucionalidad de la nueva reforma al Poder Judicial fue hecha luego de que aprobaron esta reforma 193 ayuntamientos.
La diputada Mónica Silva Ruiz, secretaria de la Mesa Directiva del Congreso, explicó que esta reforma deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado (POE). Entrará en vigor al día siguiente hábil de tal publicación.
Los jueces de los tribunales laborales que se encuentran desempeñando su cargo durará el tiempo por el que fueron designados originalmente.
Además, el Congreso hará las reformas que sean necesarias a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Se deberá nombrar a los magistrados de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas. Lo anterior, en un plazo de 30 días a partir de que entre en vigor la reforma.
¿De qué trata la nueva reforma del Poder Judicial?
Esta reforma fue aprobada el pasado 9 de mayo por unanimidad del Pleno del Congreso, busca delimitar las funciones de los órganos jurisdiccionales.
Fue propuesta por la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), presidida por el diputado de Morena Eduardo Castillo López.
Con esta modificación los órganos del Poder Judicial propondrán reformas al Congreso del estado. Con ello, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a cargo de Margarita Gayosso Ponce, no será el único órgano que presente propuestas.
Dichos órganos son el Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Superior de Justicia y la Sala Constitucional.
También quedarán a cargo del Consejo de la Judicatura, presidido por Carlos Palafox Galeana, las funciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. Así como la rectoría de la carrera judicial de sus miembros.
Pero el Consejo de la Judicatura tendrá la administración del presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, de la Sala Constitucional y del Tribunal de Justicia Administrativa.
