El presidente del Congreso de Puebla, Eduardo Castillo López, dijo que en los próximos días tendrá una mesa de trabajo con los diputados que buscan la aprobación de la Ley Ácida.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso dijo que se reunirá con los diputados que propusieron reformas contra los ataques con ácido.
Así lo indicó en entrevista tras la firma de un convenio con la Escuela Libre de Derecho, el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y la Universidad de Oriente.
Castillo López explicó que el Congreso se demora en aprobar esta ley porque no se trata de “implementar o aumentar una pena, es revisar bien el contexto de forma y de fondo”.
El presidente del Congreso señaló que ya tuvo una reunión al respecto con el diputado Néstor Camarillo Medina, Aurora Sierra Rodríguez y Tonantzin Fernández Díaz.
Por lo que en los próximos días “voy a proponer a ver si nos podemos sentar a una mesa de trabajo para escucharlos, quiero saber qué proponen”.
Añadió que escucharán sus propuestas y revisarán si son viables, pese a que en el Congreso se han realizado foros donde las víctimas solicitaron legislar al respecto.
El Congreso ya suma cinco iniciativas de reforma contra los ataques con ácido y sustancias corrosivas, conocidos como violencia ácida.
Congreso Puebla hará mesa de trabajo para la aprobación de la Ley Ácida; Congreso suma cinco iniciativas
El priista Néstor Camarillo Medina presentó una iniciativa para castigar estos ataques con siete a 13 años de prisión y multas que irían desde los 28 mil 866 a los 67 mil 354 pesos.
La diputada Aurora Sierra del PAN planteó reformas al Código Penal para agregar la definición de este tipo de agresión e imponer una pena de 20 a 30 años de prisión.
Mientras que la diputada Tonantzin Fernández de Morena propuso castigar la violencia ácida con 20 o hasta 30 años de prisión.
La morenista Azucena Rosas Tapia y la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia del PAN fueron las últimas en proponer iniciativas de reforma similares.
Es necesario señalar que las sobrevivientes de violencia ácida pidieron que estos ataques se reconozcan como un delito autónomo y no como una agravante.
Además, han externado su preocupación sobre la responsabilidad que debe asumir el Estado para garantizar la recuperación física y psicológica.
