El Congreso de Puebla ya diseña el protocolo para realizará la consulta de la Ley de Educación, dirigida a población discapacitada, ordenada por la Corte.
El Legislativo inició el análisis de los protocolos para esta consulta, en la que participaron 100 representantes de las organizaciones civiles.
En la sede alterna del Congreso, se llevó a cabo la mesa de trabajo con servidores públicos del Instituto Poblano de la Discapacidad y la SEP estatal.
El motivo es la acción de inconstitucionalidad promovida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la aprobación desdicha ley en la legislatura pasada.
Se establecieron los mecanismos de comunicación para someter a consulta el protocolo que propone el Instituto de Discapacidad del Estado de Puebla.
Acordaron la presentación de la metodología de estas consultas en Puebla, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Izúcar de Matamoros, Atlixco, San Pedro y San Andrés Cholula.
El presidente del Congreso, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aseguró que las y los diputados no han sido omisos en la realización de esta y otras consultas.
La diputada Xel Arianna Hernández García indicó que buscarán garantizar que los derechos humanos se respeten, se cumplan y se tomen en cuenta.
Congreso de Puebla hará consulta sobre Ley de Movilidad
Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó que las consultas para aprobar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla comenzarán en noviembre.
En entrevista, explicó que ya afinan los últimos detalles para realizar este ejercicio con la ciudadanía.
El próximo viernes iniciarán con el proceso para consultar y así puedan legislar la homologación de la ley estatal con la Ley General de Movilidad.
Desde hace meses, se reunieron con la Suprema Corte y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para saber los parámetros constitucionales que deben acatar.
La CNDH interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN por la reforma a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de las Comunidades Indígenas.
Con dicha reforma se creó el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, sin embargo, la Corte resolvió que era inconstitucional, pues no consultó a dicho grupo poblacional.
También la SCJN invalidó la Ley de Salud Mental, que permite el internamiento de pacientes en hospitales psiquiátricos sin su autorización y deberán realizar otra consulta.
Para la consulta para la Ley de Derechos de las Comunidades Indígenas, Céspedes destacó que tendrán que realizarla en las zonas con población indígena.
Estas consultas son necesarias pues la Corte considera necesaria consulta a la población para legislar sobre sus necesidades y condiciones.
