La comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) del Congreso, aprobó 326 informes individuales de fiscalizaciones en Puebla durante 2020.
Destacan entes fiscalizables como la BUAP, los 217 municipios, Universidades Tecnológicas de Puebla, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, Oriental y Xicotepec de Juárez.
Figuran también el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Puebla y secretarías como la de Finanzas y Salud.
La misma comisión aprobó el dictamen del informe general de la fiscalización de las cuentas públicas de 2020.
La presidenta de la comisión, la diputada morenista Jocelyn Olivares López, explicó que tuvieron previamente una mesa de trabajo para desahogar las dudas sobre el tema.
En el análisis de los informes de los resultados de la fiscalización, los legisladores deberán aportar sugerencias que permitan fortalecer la gestión financiera de los entes.
Las observaciones que contienen son del conocimiento del ente fiscalizado, permitiéndoles la oportunidad de subsanar las observaciones antes del pronunciamiento”.
Por lo cual los entes fiscalizados tienen la oportunidad de aclarar las observaciones antes de aplicar las acciones correspondientes, como sanciones.
Aprueban programa de trabajo de la Unidad Técnica
En esta sesión, también aprobaron el Programa Anual de Trabajo 2023 de la Unidad Técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
La titular, Gabriela Lepe Quirós, explicó que incluye 19 actividades como la elaboración de un manual de procedimientos y preparar el presupuesto para someterlo a aprobación.
Así como el análisis de los casos que les entrega el Órgano Interno de Control y el resguardo de las declaraciones patrimoniales y de interés.
También aprobaron el Manual de Organización de la misma unidad técnica, así como los indicadores de la evaluación de su desempeño y de la ASE.
Lepe Quirós detalló que se verificará por medio de un acto de fiscalización por medio de una visita domiciliaria.
También se evaluará con auditorías programadas para la revisión del ejercicio del recurso y la elaboración de informes de presunta responsabilidad administrativa.