El gobernador Miguel Barbosa adelantó que presentará una reforma a la Ley Electoral de Puebla para acabar con candidaturas de perfiles vinculados al crimen.
El mandatario instruyó a la Consejería Jurídica de Puebla integrar una modificación legislativa para que el Instituto Electoral del Estado (IEE) tenga más atribuciones.
En ese sentido, explicó que el objetivo es que no solo se tome como requisito una carta de no antecedentes penales para avalar el registro de un perfil como candidato.
También, dijo, tomar en consideración acusaciones, sanciones, investigaciones y vinculaciones con delincuentes de Puebla u otros estados.
Agregó que esta reforma no deberá violar los principios de inocencia de perfiles, ni debe discriminar a los aspirantes a un cargo político electoral.
Yo creo que se merece una reforma, hay que hacer una reforma a la Ley Electoral del Estado que no sea discriminatoria, que no viole los principios de inocencia y de materia a los órganos electorales”, apuntó.
¿Por qué blindar candidaturas del crimen en Puebla?
Lo anterior debido a que los partidos políticos que han postulado perfiles cuestionables como el Pacto Social de Integración (PSI) colocaron allegados al crimen.
Uno de ellos fue José Alejandro Martínez Fuentes como presidente de Quecholac, hermano del supuesto capo huachicolero Antonio Martínez “El Toñin”.
Por ello el mandatario dará atribuciones al IEE para que haya una mejor supervisión en los perfiles que llegan a cargos públicos como alcaldes o alcaldesas.
Es para que gente que se dedica a actividades delictivas no pueda ser candidato y los partidos políticos digan que una carta de antecedentes no penales es suficiente para deducir que es gente honrada”, enfatizó.
Esta situación tiene que ver con el hecho de que el PSI postuló como candidato a la alcaldía de Tecamachalco a Inés Saturnino López a pesar de que era investigado.
Asimismo para evitar que en Triangulo Rojo, otro familiar o allegado del Toñín se convierta en candidato y posible alcalde de Quecholac o Palmar de Bravo.
