La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de la Ley 3 de 3 contra la violencia para que ningún deudor alimentario o violentador acceda a un cargo público.
Se trata de una reforma al artículo 22 de la Constitución Política de Puebla en materia de suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público.
Lo anterior aplicará para las personas sentenciadas por violencia política de género, violencia familiar o por ser deudor alimentario.
Quienes sean culpables por dichos delitos no podrán ser postulados a alguna candidatura.
Esta modificación se da luego de que fuera aprobada por el Congreso de la Unión esta misma reforma sobre la Constitución Política de México.
Con la aprobación de la Ley 3 de 3 contra la violencia en el Congreso de Puebla homologarán la ley local con la federal.
Las diputadas que presentaron esta iniciativa son Nora Escamilla del Partido del Trabajo (PT). Así como Daniela Mier, Angélica Cervantes, Yolanda Gámez, Carlos Evangelista Aniceto e Iván Herrera de Morena.
Aprobarán este jueves 29 de junio el dictamen de la Ley 3 de 3 Puebla
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Silva Ruiz del Partido del Trabajo (PT) indicó que este jueves 29 de junio el Pleno discutirá esta ley.
En caso de ser aprobada, requerirá la aprobación de más de la mitad de los cabildos de los municipios de Puebla, es decir, por 109. Ya que se trata de una modificación a la Constitución Política de la entidad.
La diputada Laura Zapata del PRI dijo que los cargos en la administración pública solo son ocupados por mujeres en un 38%.
Es necesario aumentar el umbral mínimo del 3% en el financiamiento público ordinario destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres”.
Avanza reforma en materia de edad mínima para ocupar un cargo público
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de la reforma para que la edad mínima para ocupar un cargo público.
También es una reforma a la Constitución Política para que la edad mínima de un diputado sea 18 años y de 25 años para un secretario de Estado.
Las diputadas que presentaron esta iniciativa son Nora Merino Escamilla del PT y Xel Arianna Hernández de Morena.
