En comisiones, los diputados aprobaron la iniciativa para castigar con cárcel la contratación de policías no certificados en Puebla.
Lo anterior, durante las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Asuntos Municipales del Congreso de Puebla.
En sesión, se estudió la iniciativa planteada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta para modificar el Código Penal y la Ley Orgánica Municipal.
Esta reforma busca castigar a las personas que ingresen a las instituciones de seguridad pública sin contar con el Certificado Único Policial ni registro vigente.
Quienes acepten este tipo de cargos a sabiendas que no cumplen los requisitos para ello, serán sancionaos con cárcel desde 3 meses hasta 7 años.
También castigaría a los funcionarios que contraten, propongan, designen o nombren a personal de alguna institución policial aunque no cumpla los requisitos antes mencionados.
Sería tipificado como abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, penados con cárcel de tres meses a seis años.
Dictamen de castigar la contratación de policías no certificados en Puebla tiene 10 votos a favor
Mientras que en la Ley Orgánica Municipal el Ejecutivo del estado propuso establecer que los cuerpos de Seguridad Pública municipal cuenten con la certificación y registro señalado.
Los diputados avalaron el dictamen con diez votos a favor y dos abstenciones de las legisladoras del PAN Mónica Rodríguez Della Vecchia y Karla Rodríguez Palacios.
Lo anterior, tras una discusión en la cual las panistas expresaron su preocupación porque esta ley de paso a una “persecución política”.
Podría haber persecución política, señalan panistas
Las diputadas señalaron inconsistencias en los artículos transitorios donde dice que la ley entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado (POE).
Lo que para Rodríguez Della Vecchia es peligroso, pues consideró que inmediatamente los ediles que contrataron a personal no apto podrían ir a la cárcel.
Sin embargo, la diputada Tonantzin Férnández Díaz expuso que hay otro artículo transitorio que dispone 90 días para hacer un diagnóstico al personal policial.
Serán la SSP y los presidentes municipales quienes deberán hacer este estudio para saber si sus elementos policiacos cuentan con el cumplimiento de sus requisitos.
También el equipo jurídico explicó que no se podrá encarcelar en automático a los ediles o funcionarios tras la publicación de la reforma en el POE.
Ya que para ser aprehendidos deberán presentarse las denuncias correspondientes y deberán formularse las carpetas de investigación.
En cuanto a la diputada Rodríguez Palacios, mostró preocupación porque los municipios se queden sin policías ante la aprobación de esta reforma.
Esta iniciativa fue propuesta ante los casos de ejecuciones que dejaron en evidencia la colusión de las fuerzas de Seguridad Pública con el crimen organizado.
