Feminicidios y Violencia Institucional

Luz Raquel Padilla fue brutalmente asesinada en Jalisco la semana pasada. En
repetidas ocasiones y a través de sus redes sociales, ella denunció públicamente
que estaba siendo víctima de distintos tipos de violencia por parte de un hombre
que identificó como su vecino. Ella compartió fotografías de pintas realizadas fuera
de su casa donde su agresor le decía que la iba a quemar viva, amenaza que al
final cumplió.

Luz Raquel compartió que había solicitado medidas de protección a las
autoridades locales, que había ido a solicitar incorporarse al programa “pulso de
vida”, un botón de emergencia para monitorear a mujeres víctimas de violencia
luego de que su agresor le rociara cloro industrial en un seno, sin embargo las
autoridades estimaron que esa agresión no era “tan grave” y no la incorporaron al
programa.

Finalmente luego de 3 días de agonía, y debido al daño que le provocaron las
severas quemaduras en el 90% de su cuerpo, Luz Raquel falleció dejando
huérfano a su pequeño hijo con autismo.

¿Por qué este caso ha causado tanta indignación? Por la incompetencia, la
negligencia, y la violencia institucional de la que fue víctima.

Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias, las autoridades
son responsables de garantizarnos ese derecho, si una mujer es víctima de
violencia, está en su derecho de solicitar medidas de protección ante las
autoridades competentes para garantizar y salvaguardar su vida y su integridad,
sin embargo, lograrlo, parecería una utopía en México, pues el caso de Luz
Raquel nos demostró que la voluntad de las autoridades para atender los casos de
violencia contra las mujeres, se quedan en el discurso, en los moñitos y las
manitas pintadas de naranja cada día 25 del mes, pero de acciones, presupuestos
y atención, nada. Porque aunque la víctima vaya con pruebas, con signos de
violencia y hasta con cloro industrial en el cuerpo, la autoridad puede subestimar
su denuncia y su exigencia.

El caso de Luz Raquel, así como el caso de Cecilia Monzón, de Debanhi Escobar,
de Yolanda Martínez y lamentablemente muchos más, han tenido un común
denominador, y es la falta de perspectiva de género en el actuar de las
autoridades, específicamente de las Fiscalías Generales de Justicia de los
Estados.

De Debanhi la Fiscalía de Nuevo León dijo que se había caído en una cisterna, se
había ahogado y se había muerto, luego de 3 peritajes independientes y de la
lucha de su padre por saber la verdad, sabemos que Debanhi murió por asfixia y
que estuvo viva varios días después de su desaparición, tiempo en el que la Fiscalía no actuó y por el contrario fabricó una mentira en torno a las causas de su
feminicidio, a la fecha no sabemos nada de los responsables de su muerte.

De Yolanda la Fiscalía de Nuevo León también dijo que se había ido de su casa,
mientras su padre la buscaba incansablemente, el cuerpo de Yolanda fue
encontrado en un terreno con huellas de violencia sexual. Dos meses después del
hallazgo de su cuerpo, la investigación está detenida, sin autopsia ni avances que
permitan a su padre y familia conocer la verdad y dar con el o los feminicidas.

De Cecilia Monzón supimos que solicitó medidas de protección porque temía por
su vida, y aunque a diferencia de los otros dos casos, su feminicida ya se
encuentra en el penal de máxima seguridad del altiplano porque su caso escaló a
niveles internacionales, ¿Qué hubiera pasado si Ceci hubiera tenido vigentes esas
medidas de protección?

Las mujeres ya vivimos suficientes violencias en diferentes ámbitos de nuestras
vidas, como para todavía tener que sumarle la violencia institucional que ejercen
diversas autoridades contra nosotras.

Violencia institucional son todos aquellos actos u omisiones de las y los servidores
públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar,
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Si una autoridad no brinda las medidas de protección que solicita la víctima, es
violencia institucional, si una autoridad fabrica una mentira para cerrar una
investigación sobre feminicidio, es violencia institucional, si una autoridad dilata
una investigación, niega información a las familias o subestima una agresión
contra una víctima, es violencia institucional.

Las Fiscalías, ministerios públicos y servidores públicos deben ser capacitados
con perspectiva de género y de derechos humanos, pero además deben ser
vigilados y sancionados. Las Fiscalías involucradas en todos estos casos deben
rendir cuentas y ser sancionadas para garantizar la no repetición del daño contra
ninguna otra víctima más.

Y a nosotras el mensaje que nos deja es el de seguir cuidándonos y auto
cuidándonos entre nosotras porque como dijera la consigna, “la policía no me
cuida, me cuidan mis amigas”. Mientras la violencia y el silencio institucional sigan,
a quienes el Estado está protegiendo es a los feminicidas y no a las víctimas. ¡Ni
Una Más!