La absolución de dos violentadores en Puebla
La absolución de dos violentadores en Puebla puso en la mira al estado durante este fin de semana. El viernes se dio a conocer la indignante noticia de que un juez federal absolvió a José María Sosa del homicidio de Paulina Camargo. Días antes, la activista Olimpia Coral fue atacada en Huehuetla y su agresor liberado horas después.
Ambos casos son una pequeña prueba del sistema judicial en México, lleno de trabas, extenuante, largo y de poco acceso para las víctimas. Tal parece que busca cansar a quien quiere denunciar y decepciona a quien lleva años sin parar exigiendo justicia.
Vamos caso por caso.
El viernes 12 de abril se dio a conocer que José María “Chema” Sosa fue absuelto del delito de homicidio en contra de Paulina Camargo quien despareció el 25 de agosto del 2015.
“Chema” Sosa fue feminicida, aunque no se tipifico así, confeso de su víctima, pero su familia, perfectamente asesorada siguió un camino largo, pero que existe y logró que un juez federal le diera la absolución tras una serie de amparos.
Hoy, sigue preso, pero solo por el delito de desaparición.
Recordemos que, según consta en el caso, el joven citó a Camargo para acompañarle a hacerse unos estudios de su embarazo, que presuntamente era producto de una relación con él. En VIDEOS de las cámaras de seguridad en San Manuel, se ve a la víctima subir con él a un taxi.
Se dirigieron a la casa de “Chema” Sosa en La Margarita en donde él la mató y tiró su cuerpo a un basurero. Las investigaciones concluyeron que el cuerpo de la joven se perdió en el relleno sanitario en donde diario se tiran toneladas de basura.
La inexistencia del cuerpo ha sido el “argumento” de la defensa del presunto homicida para poder lograr su libertad. Fue en octubre de 2019 cuando se dictó una sentencia de 16 años y seis meses en su contra.
La familia de Paulina Camargo lleva años pidiendo justicia, su madre se encuentra hoy en día en todas las manifestaciones. El golpe de la exoneración ha sido tremendo para ellos.
El segundo caso es el de la activista Olimpia Coral quien la semana pasada fue agredida por un grupo de hombres en Huehuetla.
La activista enfrentó a un hombre que orinaba en la vía pública y él y varios sujetos la agredieron a ella y dos acompañantes. Las siguieron e intentaron impedirles que se fueran.
Es de suma importancia lo que pasó porque, al tratarse de Olimpia Coral, se visibilizó una situación de violencia en el municipio que, según los testimonios que recibió es continua.
Solo uno de sus agresores fue detenido y liberado horas más tarde, pues solo se enfrentó a una “falta administrativa”.
Olimpia tuvo que, además, viajar cinco horas hasta Zacatlán para interponer una denuncia colectiva. Esto también evidenció el difícil acceso a la justicia para esta zona.
La centralización de los ministerios públicos, sino mal recuerdo, fue una decisión del gobierno morenovallista. Una decisión política que se implementó como estrategia para reducir la “incidencia delictiva”, porque sin es tan difícil, no denuncias, y así pareciera que disminuyen los delitos.
No es así.
