La semana pasada ,el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) resolvió inscribir por dos años y dos meses al regidor de San Martín Texmelucan en el padrón de violentadores de género. Ahora se debe resolver otro asunto que tiene que ver con que el violentador esté cerca de su víctima.
Durante todo el tiempo que ha durado el proceso contra José Galindo Yamak —que inició en junio del 2022— él ha estado cerca de su víctima, la presidenta municipal de San Martín, Norma Layón, quien se atrevió a denunciarlo y que además dejó un precedente. Podría dejar más.
Les explico.
Casi a la par, los órganos electorales locales y federales, resolvieron dos casos de violencia política de género. El del panista Eduardo Alcántara y el de José Galindo Yamak, apoyado por Movimiento Ciudadano.
El paralelismo me parece importante. Aclaro, en el caso de Alcántara me refiero solo al proceso de violencia de género, porque él lleva dos casos diferentes y no los mezclaré.
El Tribunal Electoral del Estado de Puebla había sancionado a José Galindo con 5 años 4 meses inscrito en el padrón. Sin embargo, cuando recurre al Tribunal Federal, éste establece un máximo de tres años de sentencia.
Al final le fincan dos años y dos meses.
Con este antecedente, el TEEP decide que el diputado del PAN, Eduardo Alcántara quede inscrito en ese tope. Tres años.
En el ámbito político, los dos casos han tenido tratamientos diferentes. También por intereses específicos.
En el caso de Eduardo Alcántara su partido se desvinculó y ofreció una disculpa pública.
El propio legislador local ya ha tenido que hacerlo, precisamente hoy con un desplegado en el diario Intolerancia.
Con Galindo Yamak las cosas han sido diferentes. Su partido, Movimiento Ciudadano ha decidido arroparlo, a través de Abraham Salazar.
El regidor se ha negado, aún, a disculparse públicamente.
Lo que es peor, sigue con su cargo como regidor. Es decir, al menos una vez a la semana o a la quincena, cuando hay Sesión de Cabildo está sentado cerca de su víctima y eso puede ser altamente peligroso.
Por eso digo al principio de la columna que el caso de Layón vs Yamak podría sentar otro precedente.
Que el Congreso de Puebla proceda en su contra y le quite el cargo de regidor.
Y no por un tema político, solo por protección a la víctima, que no tiene por qué seguir teniendo que convivir con él.
No sabemos lo que un violentador es capaz de hacer.
Que Galindo Yamak siga cerca de su víctima es inadmisible.