A empujones y como si se tratara de arrebatar. Así es como se logró el aborto legal y seguro en Puebla.
Esta semana la asesora en materia de género en el gobierno del estado, Marisol Clava dio a conocer el listado de las seis instituciones de salud en el estado a donde las mujeres pueden acudir a interrumpir un embarazo sin dar justificación alguna.
Para poder hacerlo, como sabemos, tenemos que acudir a una de las tres organizaciones que lograron el amparo colectivo. GIRE, Odesyr o Cafis.
Con su acompañamiento y hasta con formatos ya establecido el proceso es mucho más rápido.
Rápido, pero no deja de ser un paso del proceso que deberíamos, que está en nuestro derecho evitar.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene ya la resolución para que nadie vaya a la cárcel por decidir sobre sus cuerpos.
También otra para establecer que los congresos locales no tienen facultades para decidir en qué momento “empieza la vida”.
Este paso en el proceso que debemos hacer para decidir sobre nuestros cuerpos, ir a las instituciones por el amparo no tendría que existir.
Pero existe porque los legisladores no han querido modificar la Constitución.
Se siguen negando a tirar la Ley Bailleres que, desde 2009, protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Aún hoy cuando todas podemos decidir sobre nuestros cuerpos, la ley antiaborto sigue vigente.
El punto es.
Ya el gobierno del estado, con Sergio Salomón Céspedes ha asumido la responsabilidad de permitir la interrupción del embarazo.
No ha habido oposición, no hay manifestaciones por ello ni condena social.
¿A qué le tiene miedo el Congreso?