La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el presidente del Consejo de la Judicatura accedieron a las peticiones que ayer iniciaron los trabajadores en Ciudad Judicial; de esta forma y 24 hora después, termina la huelga.
El Poder Judicial pidió a los trabajadores que tenían bloqueados los accesos en Ciudad Judicial permitir el ingreso de justiciables y abogados. Y es que no podrían dar cumplimiento a las audiencias programadas y servicios habituales.
Desde las primeras horas de este 3 de octubre los y las servidoras públicas ya tuvieron que haber visto reflejado el reintegro de las cuotas por Impuesto Sobre la Renta (ISR) e ISSSTEP.
Sin embargo, la presidenta del TSJ, Magistrada María Belinda Aguilar Díaz, explicó en entrevista que el gobierno de Puebla apoyó “de buena manera” para el reintegro porque el descuento es el que corresponde por ley.
Termina la huelga de trabajadores del Poder Judicial; fue la segunda del año
Con vestimenta negra y rojo, la mañana del martes 3 de octubre trabajadores del Poder Judicial hicieron, por segunda vez, una huelga de brazos caídos. La primera se realizó en mayo pasado. Ahí pedían un incremento a su salario; la segunda fue porque el aumento salarial del 6% no se vio reflejado; al contrario, les descontaron.
Autoridades administrativas explicaron a Ambas Manos que sí se aplicó el incremento salarial en la mayoría de los casos. Este se probó en sesión extraordinaria en junio pasado. Sin embargo, con ello aumentaron las reducciones del ISR; los trabajadores pedían que ese cargo sea asumido por el Poder Judicial, lo cual es ilegal.
En otros casos los sueldos se vieron reducidos, aunque no de forma considerable, pues que había sueldos sobrevalorados y esta vez se aplicó el tabulador.
Como los trabajadores extendieron su protesta a vialidades aledañas a Ciudad Judicial, hoy el gobernador Sergio Salomón Céspedes advirtió que no se permitirá afectación a vialidades. Argumentó no sólo perjudican a usuarios del Poder Judicial, sino también del Hospital General de Cholula.
La administración estatal no dará titubeos, por lo que podría iniciar procedimientos administrativos o hasta judiciales contra quienes azuzan estos cierres.
