Desde hace más de dos meses, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) buscó imputarle a Eukid Castañón un nuevo delito: asociación delictuosa. Hoy, el principal operador político del morenovallismo está libre y el juez de control rechazó la solicitud del Ministerio Público.
El titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal, confirmó que la audiencia de formulación de imputación se realizó el pasado 23 de octubre. Sin embargo, el juez de control consideró no procedente la solicitud; esta decisión ya fue impugnada.
Hace más de dos meses la Fiscalía venía solicitando a la autoridad judicial una audiencia para hacer una imputación de ese tipo. Recientemente (el juez) resolvió que no era procedente, por supuesto hemos impugnado esa decisión”, declaró el fiscal en conferencia de prensa.
Eukid Castañón salió de prisión el pasado 20 de octubre tras permanecer tres años y medio privado de su libertad.
Lo vincularon a proceso, en distintos momentos, por extorsión, operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsedad en declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad y enriquecimiento ilícito.
En todas las causas penales se ordenó como medida cautelar la prisión preventiva, así que lo enviaron, inicialmente, al Cereso de San Miguel, luego al de Tepexi de Rodríguez y finalmente al Cefereso número 14 en Gómez Palacio, Durango.
FGE intentó imputarle a Eukid el delito de asociación delictuosa; su defensa logró cambio de medida cautelar
En octubre de 2022, al exdiputado lo sentenciaron a 7 años y 6 meses de prisión por el delito de extorsión. Dos meses después la Fiscalía logró una nueva sentencia de 5 años de prisión por falsedad en declaraciones e informes dados a la autoridad.
En junio pasado su defensa logró regresarlo al penal de la ciudad de Puebla y poco después consiguió que le revocaran la sentencia de cinco años por falsedad de declaraciones.
Sobre su reciente liberación, el fiscal de Puebla explicó que únicamente se trató de un cambio de medida cautelar. Estas resoluciones, en su mayoría, provienen de jueces federales y a la Fiscalía le corresponde interponer recursos de apelación o revisión cuando “no esté conforme con la resolución”.
