A dos meses de que se cumplan tres años de la explosión de una toma clandestina en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, la Fiscalía General de la República (FGR) logró una vinculación a proceso.
Ricardo N. alias “El Callo” enfrentará un nuevo proceso, ahora ante la autoridad federal por el delito de encubrimiento.
Después de la peor tragedia en San Pablo Xochimehuacan, ocurrida la madrugada del 31 de octubre de 2021, “El Callo” fue identificado y señalado directamente como el culpable. Debido a esto, las autoridades policiales y ministeriales iniciaron su extensa búsqueda.
Ambas Manos informó que su captura ocurrió el 7 de diciembre del 2021 por personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) en Cancún, Quintana Roo. Ese mismo día, pero en la ciudad de Puebla, agentes ministeriales de la FGE también detuvieron a Miguel Ángel y Antonio, supuestos “halcones” de Ricardo.
Los tres están actualmente presos y vinculados a proceso por homicidio calificado y lesiones calificadas. También por daño en propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación, incendio y otros estragos y encubrimiento por receptación.
Luego, el 17 de enero del 2022 detuvieron a José Agustín, el presunto dueño de la toma clandestina y quien daría órdenes directas a “El Callo”. Junto a él cayeron otros dos: Gustavo N. y Jair alias “El Yayo”. También están en prisión acusados por los mismos delitos que sus cómplices.
Por último, el 28 de marzo del mismo 2022 la FGE detuvo a Roberto N., a quien se le señala directamente por manipular la toma clandestina que explotó.
Por su lado, la Fiscalía General de la República (FGR) también inició una investigación. Sus indagatorias recientemente los condujo a la probable responsabilidad de Ricardo N, en el delito de encubrimiento de una toma clandestina.
“El Callo” se ostentó como poseedor del inmueble en el que ocurrieron los hechos. Habría participado en labores de cuidado y vigilancia, además de amedrentar a los vecinos para que no denunciaran la sustracción de hidrocarburo ilegal.
El agente del Ministerio Público Federal, durante la audiencia de formulación de imputación, aportó las pruebas de ley y solicitó la vinculación a proceso. El juez conocedor de la causa penal resolvió sujetarlo a investigación y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.
Es así como se sigue haciendo justicia por el siniestro más terrible ocurrido en los últimos años en Puebla, donde perdieron la vida:
Praxedis Martínez, de 62 años de edad; Andrea, de 17 años; Azucena, de 43; y Pedro, de 43 años, todos de la misma familia de apellido Bolaños.
Además, en el lugar y día de los hechos, murió Abimael, de 32 años.