Si la SJCN elimina la prisión preventiva oficiosa, en Puebla quedarían en libertad más de 3 mil reos detenidos por delitos de alto impacto.
Así lo externó en la mañanera de este martes Luisa María Alcalde Luján, secretaría de Gobernación (Segob) federal en Palacio Nacional.
Y es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la opción de invalidar el artículo 19 Constitucional. Con ello, se ordenaría a todos los jueces del país inaplicar la prisión preventiva oficiosa.
De hacerlo, impactaría en la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy.
Hablamos de 11 mil 640 que están por homicidio, 7 mil 150 por secuestro, 5 mil 617 por violación y 4 mil 13 por narcotráfico.
Además, 3 mil 800 por portación de armas, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y 405 por delincuencia organizada.
De los 68 mil, 3 mil 44 están en Puebla, es decir, la quinta entidad con mayor número de reos en esta situación. Por consecuencia, sería uno de los estados más afectados.
La encargada de la política interna del país explicó que van a prisión preventiva oficiosa las personas acusadas de cometer delitos que por su gravedad son de alto impacto.
Ejemplo de ello son la delincuencia organizada, narcotráfico, homicidio, secuestro, feminicidios, tortura, trata de personas, etcétera. Tienen que llevar su proceso bajo esta medida por tres razones.
La primera es garantizar que el acusado comparezca a juicio; la segunda, para que no haya fuga y tres, para salvaguardar seguridad de víctima y testigos.
Eliminar prisión preventiva dejaría 3 mil reos en libertad en Puebla, ¿por qué tantos?
Sin embargo, la SCJN, tomando en cuenta una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quiere eliminarla.
Aunque la resolución obliga al Estado mexicano, la Corte atrajo le sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente cómo México debe darle cumplimiento sin tomar en cuenta a otras instituciones, como el Congreso federal.
Creemos que la SCJN se excede y pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que significa para la seguridad del país”.
Fue así que, el viernes pasado, el Gobierno de México envió una carta a las y los ministros para plantearle sus preocupaciones. Una de las premisas fue que esta decisión impactaría en la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy.
Alcalde Luján aceptó que es un número alto de reos en prisión preventiva en espera de su sentencia, pero la problemática está vinculada a la tardanza de los jueces para resolver.
También, por la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse.
Esto debe de atacarlo e Poder Judicial. La enorme tardanza de procesos y resoluciones. La liberación de estas personas pondría en riesgo a los testigos y víctimas; desde policías, los juzgadores. Vemos un riesgo de la población porque pueden cometer los mismos delitos. Son personas asociadas al crimen organizado. Vemos la carga excesiva que estos significaría para fiscalías y juzgados”, comentó frente al presidente Andrés Manuel López Obrador.
A decir de la secretaria, si de por sí, los jueces tardan mucho tiempo en resolver, esta medida va a aumentar los tiempos cuando se trata de uno de los orígenes del problema.
Jueces se adelantan a la SCJN
También, resaltó que la decisión que quiere tomar la SCJN vulnera la soberanía nacional porque ningún tribunal extranjero puede ordenar a México modificar su Constitución. De hacerlo, sería un acto inadmisible de injerencia y, en todo caso, es la Corte quien tiene que defender la soberanía.
A esto su suma que, el pleno de la región centro norte emitió una jurisprudencia que ordena a jueces de 18 estado a conceder suspensiones de amparo que promuevan las personas que tienen órdenes de aprehensión por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Lo hicieron en cumplimiento de la sentencia de la CIDH. Es decir, juzgados penales se adelantaron a la SCJN decidiendo unilateralmente.
Así que hacemos un llamado a la Corte a respetar la división de poderes, no excederse en sus facultades y analizar las graves consecuencias. Que mejor ataquen la enorme tardanza de resoluciones de sus asuntos”.
