Cuando conocí a Alejandro Israel, en el verano de 2018, la historia de su linchamiento en Los Ángeles Tetela era apenas un absurdo inimaginable. Tenía diecinueve años y estudiaba el primer semestre de la licenciatura en Comunicación, en la misma institución en donde yo impartía Teorías de la Comunicación.
Acudía con escasa regularidad a las clases y se justificaba diciendo que el trabajo le impedía cumplir con sus responsabilidades.
Tenía una personalidad beligerante y el físico de un atleta de alto rendimiento. Sabía el oficio de sastre, herencia familiar que le otorgó precisión en sus gestos y nobleza en su trato.
Su aventura por la carrera duró poco y unos meses más tarde decidió abortar la misión de manera definitiva. Pero era su ímpetu, o juventud y la gracia con la que se desenvolvía, las virtudes que enaltecían su ser y no su compromiso estudiantil.
Lo último que supe de él fue, años después, cuando un colega de la universidad me contó cómo terminaron sus días.
El 5 de mayo de 2020 Alejandro Israel había acompañado a su amigo, también de nombre Alejandro, a la región de Los Ángeles Tetela, para buscar al hijo de éste, quien estaba con su madre en esa junta auxiliar.
Esa mañana los dos amigos llegaron en un Volkswagen tipo Polo color blanco para recoger al niño. Sin embargo, en un momento de confusión que nunca fue esclarecido, la madre los acusó de intentar secuestrar a su hijo.
Azuzados por la mujer, pobladores del lugar retuvieron a los hombres en el auto y los golpearon hasta someterlos. Alejandro Israel y Alejandro fueron quemados vivos luego de ser linchados.
Linchamiento de Alejandro Israel en Tetela, ¿justicia por propia mano?
La Real Academia Española (RAE) define el verbo linchar como “ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”.
Pero, ¿qué tiene que pasar para que un conjunto de individuos tome justicia por propia mano?
Para el doctor en Educación, Ciencias de Gobierno y Política, Jorge Alberto Vidal Urrutia, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), esta expresión tiene su origen en las comunidades que se sienten amenazadas y olvidadas por el Estado mexicano.
Tiene mucho que ver con el estado de abandono, del desgarramiento, de descomposición del tejido social que, en su conjunto, es observado por la falta de presencia del Estado y del desempeño de las instituciones en materia de seguridad”
El investigador expone que lo ocurrido aquel día corresponde a un fenómeno que ha venido en aumento debido a la incipiente cultura de la legalidad y el desgaste en el tejido social.
Si nosotros reflejamos este fenómeno de linchamiento con las encuestas que el INEGI aplica año con año, como la encuesta nacional de victimización, vamos a encontrar que han tenido que ser instituciones en materia de seguridad nacional como el ejército y la marina los que bajen a auxiliar a las autoridades en seguridad pública en los diferentes estados y municipios del país por lo cual se demanda de un protocolo de actuación de manera proactiva y preventiva y no reactiva”.
A casi cuatro años del linchamiento, la Fiscalía General del Estado detuvo a Leonel N., alias “El Jícaras” junto con Carmelo N. alias “El Giro”, Pedro N. alias “El Tizón”, Pedro N. y Rafael N. alias “El Bicho” por participar en la privación de la vida de Alejandro Israel y su amigo.
Aumento de casos y una crisis que agudiza
Los casos de linchamiento en la entidad continúan a la fecha. No existen acciones contundentes por parte de la autoridad y los condenados por este delito son cada vez menos en comparación con el aumento en los casos que reportan las estadísticas de los últimos cinco años.
Datos contenidos en el informe Panorama general de los linchamientos en Puebla: tentativas interdisciplinarias, editado por la Comisión de Derechos Humanos del estado, señalan que, de 2019 a 2022, en 73 de los 217 municipios del estado ocurrió algún intento de linchamiento, lo cual representa 33 por ciento de la población.
El día en que Alejandro Israel y Alejandro perdieron la vida significa un caso más que se adhiere a los reportes estadísticos de los últimos años en la entidad, que hasta 2023 ubicaron a Puebla como el primer lugar a nivel nacional por este delito, que pone en evidencia la crisis de impartición de justicia.