La principal línea de investigación que sigue la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) por el ataque armado en un picadero de San Miguel Canoa es que se trata de adictos reclutados por el crimen organizado para el comercio y distribución de droga.
En conferencia de presa, el fiscal general Gilberto Higuera Bernal aclaró que las siete personas que murieron y la que resultó herida tenían adicciones a distintos tipos de narcóticos que van desde inhalantes hasta marihuana y cocaína.
Tenemos indicios que hay una relación con comercio de droga al menudeo y que, puede tener, solamente como la ruta de investigación que estamos llevando por los indicios que tenemos, no por especulación, que algunos grupos delictivos locales y de entidades vecinas intentan reclutar como narcomenudistas a adictos, sobre todo a adictos”.
Esta es la principal hipótesis que tiene la FGE y, hasta el momento, no hay indicios para relacionar este ataque con los cuerpos desmembrados de San Salvador Chachapa, en Amozoc. Además, el fiscal evitó confirmar o desmentir la participación de una banda conocida como “Los González”.
Higuera Bernal dijo que la investigación ya avanzó de forma considerable y se han realizado diversos actos para confirmar, con precisión, que la agresión derivó del comercio de narcóticos.
San Miguel Canoa: mataron a adictos que serían reclutados por el crimen organizado
La masacre ocurrió la tarde del pasado 23 de octubre en un picadero ubicado en la calle del Jardín, entre calles Emiliano Zapata y Constitución de San Miguel Canoa, junta auxiliar de la ciudad de Puebla.
Vecinos reportaron una balacera, pero cuando policías municipales llegaron al sitio encontraron a seis personas sin vida y dos más heridas. Todas estaban reunidas en un picadero cuando un comando armado llegó y abrió fuego en su contra.
A los heridos los trasladaron al hospital y horas después se informó del fallecimiento de uno de ellos, por lo que el número de víctimas subió a siete.
María del Consuelo Cruz Galindo, la directora de la Policía Municipal de Puebla, declaró que el picadero funcionaba desde hace siete años y ya tenían conocimiento de que en dicho inmueble se reunían varias personas para adquirir y consumir drogas.
