Familiares y la ONU piden agilizar la búsqueda de dos activistas desaparecidos en Michoacán el pasado domingo.
Ricardo Lagunes, defensor de derechos humanos, y el líder indígena Antonio Díaz Valencia fueron vistos por última vez en la frontera entre Michoacán y Colima.
Ambos se transportan en una camioneta blanca con destino al municipio de Tecomán, después de mantener una mesa de trabajo.
Sin embargo nunca llegaron a su destino. El vehículo fue hallado en la comunidad de Cerro de Ortega y presentaba impactos de arma de fuego.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el profesor Díaz Valencia mantuvo comunicación con un familiar el día domingo alrededor de las 18:45 horas. Mencionó que se transportaba al municipio de Coahuayana, acompañado de Ricardo Lagunes.
Mientras que la queja presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), indica que Ricardo Lagunes realizó una llamada desde un supermercado de nombre “Gómez”a las 18:52 horas.
Desde entonces, desconocen su paradero. Las autoridades emitieron ambas fichas de los activistas desaparecidos y abrieron una carpeta de investigación.
Este miércoles 18 de enero, las primas de Ricardo Lagunes, Ivette Morales Lagunes y Raquel Camacho Lagunes, realizaron un plantón a las afueras de Palacio Nacional, en la Ciudad de México.
Junto con los familiares de Díaz Valencia, se reunieron con las autoridades federales para solicitar apoyo en la búsqueda de los activistas.
El caso llegó hasta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuya oficina en México emitió un comunicado.
En el que resaltan que uno de los activistas contaba con medidas de protección del Estado. Medidas que “no lograron impedir su desaparición”.
La ONU-DH hizo un llamado a las autoridades mexicanas para adoptar de manera urgente, todas las medidas necesarias para cumplir la búsqueda con vida de los luchadores sociales.
La cual debe asegurar una correcta y eficiente coordinación entre las instituciones federales y locales. Así como el reconocimiento de sus familias para participar en la búsqueda.
Resaltaron que es fundamental realizar una investigación exhaustiva, pronta y eficaz que “permita esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables”.
A la exigencia se unieron otras organizaciones que trabajan a favor de los derechos humanos, como Amnistía Internacional.
Quienes pidieron a las autoridades de Michoacán y Colima, realicen una investigación que incorpore dentro de sus líneas de investigación, la labor de los activistas en defensa del pueblo.
