El Ayuntamiento de Puebla liberó cheques para cubrir las indemnizaciones correspondientes a dos casos. El de Blanca Gallardo, la madre buscadora asesinada y el de la joven agredida sexualmente por policías municipales.
Este martes, el presidente municipal Pepe Chedraui Budib declaró que ambos cheques fueron liberados por el gobierno municipal para dar el apoyo de forma única.
El alcalde dijo que estaría al pendiente de ambos casos a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por la autoridad.
👇El alcalde de Puebla, @pepechedrauimx reveló que el @PueblaAyto ya liberó las indemnizaciones de los casos correspondientes al asesinato de la madre buscadora y la mujer víctima de violación por elementos de la @SSC_Pue #AmbasManos | @Jessezenteno pic.twitter.com/C0rpv1nOQJ
— Ambas Manos (@Ambas_Manos) December 4, 2024
El Ayuntamiento de Puebla cumplió con las indemnizaciones; estos son los casos
Para la indemnización de la joven que fue víctima de violación por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el Ayuntamiento de Puebla pagará 482 mil 394 pesos.
Los hechos ocurrieron en marzo de 2023; no obstante, fue hasta el pasado 13 de septiembre de 2024 que el Cabildo avaló dicho gasto en los estados financieros.
Blanca Gallardo fue asesinada el 4 de octubre de 2022 de, al menos, 10 disparos de arma de fuego. Los hechos ocurrieron en la Unidad Habitacional Villa Frontera, al norte de la ciudad de Puebla.
Desde enero de 2021 dedicó los últimos meses de su vida a buscar a su hija Betzabé Alvarado, quien desapareció en esa misma colonia junto a su amiga Fabiola.
Por este caso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) emitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado y al Ayuntamiento del municipio de Puebla.
Lo anterior, al acreditar las violaciones a los derechos humanos a la seguridad personal y a una vida libre de violencia. Lo cual trajo como consecuencia la pérdida de la vida de una madre buscadora.
La CDH de Puebla detectó que el pasado 15 de marzo de 2023, dentro de la carpeta de investigación se dictaron medidas de protección, a favor de la madre buscadora. Sin embargo, esto se realizó sin un análisis de riesgo al respecto.
Además, de manera discrecional y unilateral, se determinó que la medida tendría una temporalidad de 30 días naturales. Es decir, que para la fecha del asesinato, la mujer ya no contaba con ninguna medida de protección vigente.
